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Sábado, 23 de Junio de 2018

El intendente del PRO acusado de malversación podría quedar inhabilitado

La fiscalía y la querella acusan a Danilo Rojas por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes públicos y malversación de fondos públicos. La condena, explicaron, podría ir de 2 a 10 años de prisión y la inhabilitación perpetua.

(BARILOCHE - 08/06/2018) “La condena podría alcanzar de los 2 hasta los 10 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida”. Así lo señaló el abogado querellante, Alejandro Pschunder, al término de la audiencia de formulación de cargos que se llevó en el marco de la investigación que se sigue por irregularidades en la contratación y ejecución de la segunda etapa de la bicisenda en a la vera de la ruta nacional 40 en Dina Huapi.

El fiscal Guillermo Lista y los abogados querellantes formularon cargos contra el intendente de Dina Huapi, Danilo Rojas, y el exsecretario de Obras Públicas, Carlos Morazzani, por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos públicos.

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“La Carta Orgánica de Dina Huapi especifica que quien tiene condena firme no puede ocupar cargos. De modo que si el intendente fuera condenado estando en ejercicio del poder y esa condena quedara firme, se lo puede destituir a través de un juicio político. Todo depende también de los cargos por los que sea penado”, explicó Pschunder.

“He hecho todo bajo la norma y de acuerdo a mi función pública”, dijo simplemente el intendente Danilo Rojas, al término de la audiencia de formulación de cargos; mientras que Morazzani se abstuvo de declarar.

Si bien el abogado defensor, Sebastián Arrondo, pidió el sobreseimiento y la prescripción de la acción penal, esto fue desestimado por la jueza de Garantías, Romina Martini, por considerar que “todo el relato está sustentado en evidencia y en este caso, la investigación merece ser agotada”.

El fiscal Guillermo Lista cuestionó no sólo que no se convocó a un concurso de precios ya que la obra excedía el monto de contratación directa sino que además, remarcó que el municipio ordenó una compra de 470 barras de hierro que no fueron destinadas a la bicisenda sino a una ampliación en un polideportivo. “No es una violación normativa a secas. Trae un perjuicio porque hubo materiales que ni siquiera fueron a esa obra y sí a un tercero”, planteó Lista.

Fuente: Diario Río Negro

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