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Jueves, 19 de Julio de 2018

Oportunidades para construir una ciudad sostenible

Por Pamela Cáceres y Christopher Kissling*

No hay políticas urbanas sostenibles si no son inclusivas y democráticas.

(01/04/2018) El pasado sábado 17 de marzo, la Asociación Amigos de la Reserva San Martín organizó junto con otras organizaciones ambientalistas un “abrazo” a la reserva en oposición a la construcción de la Costanera en esa zona.

Este evento fue sólo una instancia más de un largo proceso de luchas y conflictos que a veces se presenta como una aparente contradicción de intereses públicos como son la necesidad de avanzar en una política de movilidad y tránsito y la de preservar un recurso natural único y privilegiado de la ciudad.

Pero desde una reflexión sincera podríamos preguntarnos: ¿necesariamente ambos intereses –movilidad urbana y recursos naturales y recreativos– tienen que estar en tensión contradictoria?


Lo cierto es que desde una “racionalidad pública” sería fácil acordar que la reserva natural urbana debe ser preservada, tener una gestión sostenible y ser puesta en valor a partir de la apropiación social de ese espacio público.
Los beneficios que otorga la reserva son múltiples y numerosos. Merecen ser citados la provisión de servicios ambientales valiosos para toda la ciudad, ser un reservorio de biodiversidad nativa y servir como un espacio de recreación para los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba.

Por otro lado, también estaríamos de acuerdo en que la ciudad necesita con urgencia de un plan integral de movilidad urbana que permita integrar la ciudad y a la ciudadanía, preservar el ambiente e incluir y facilitar medios alternativos de movilidad. Entonces, ¿dónde está el problema?

Es en este punto donde las racionalidades en juego no son necesariamente de índole pública. Se trata de racionalidades que, por el contrario, fundamentan una lógica de pugna individual o corporativa desde la que se trata de imponer razones particulares (o sin razones).

Confianza y democracia

Un escenario de estas características adolece de un componente esencial para que los esfuerzos se orienten de manera coordinada hacia la sostenibilidad: la confianza.

No hay políticas urbanas sostenibles si no son inclusivas y democráticas, y esto supone la percepción por parte de ciudadanos y ciudadanas de que las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad son superadoras de los intereses sectoriales y corporativos.

De lo contrario, el conflicto no es otra cosa que la manifestación de posturas encontradas y mezquinas, en la medida en que se asientan en intereses poco conectables al interés general. En otras palabras, la ley de la selva y la supervivencia del más fuerte.

Una política y una gestión sostenible de la ciudad requieren de la articulación coherente de las políticas de desarrollo y uso del suelo urbano, las políticas de movilidad y las políticas de áreas verdes, entre otras. Y es el Gobierno municipal el principal responsable de generar las condiciones para la construcción del entorno de confianza necesario para lograr los consensos sociales que hacen falta para tener como resultados bienes públicos.

Cuando los proyectos que apuntan a cuestiones estructurales que afectan al conjunto de la sociedad (uso de suelo, transporte, infraestructura vial y de tránsito, higiene urbana y gestión de residuos, obras, etcétera) son definidos de espaldas a la ciudadanía, cuando reina la incertidumbre respecto de los planes, cuando la ciudadanía puede despertar cualquier día y encontrarse frente a un emprendimiento –público o privado– que afectará su calidad o elección de vida sin haber tenido ningún indicio previo de ello, las condiciones de confianza para la construcción de una ciudad sostenible estarán más que ausentes.

¿Y cuál es el medio para lograrlo? Uno muy sencillo y claro (pero conflictivo, en la medida que contraría y desarma los intereses corporativos): crear entornos transparentes e inclusivos donde estén presentes las diferentes voces de la ciudad.

Los entornos confiables combinan necesariamente información, diálogo y participación. Los entornos y condiciones confiables son aquellos en los que las decisiones que se toman son eminentemente públicas. Cabe destacar que lo público excede el monopolio de las decisiones por parte de los gobiernos.

El conflicto que tiene como foco la Reserva Urbana San Martín es una oportunidad para la apertura gubernamental que tienda a hacer más pública la gestión de la ciudad, para que la lógica corporativa comience a dar lugar a una verdadera racionalidad pública en la gestión de lo que es de todos.

* Politólogos

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