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Viernes, 16 de Noviembre de 2018

Sospechas de corrupción

Amplían la denuncia contra un intendente K por la mina de Río Turbio

Lucía Salinas

Es el actual jefe comunal de la ciudad, que fue interventor en YCRT. Lo acusan por irregularidades millonarias.

(Río Turbio - 05/02/2018) La mina de carbón de Río Turbio, foco de reclamos e irregularidades sumó una nueva denuncia por administración fraudulenta. Los principales acusados son su ex interventor y actual intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna (FpV), el ex gerente de Explotación, Fernando Lisse. Una vez más, se involucra a las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que intervinieron con la firma de convenios "irregulares". Todos ellos tienen pedido de detención por parte del fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa por defraudación, en la que se encuentra procesado y detenido Julio De Vido.

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Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) recibió transferencias de dinero entre 2005 y 2015 por $ 26.000 millones, y en los últimos dos años de dicho período, se concentró un gasto estimado del importe de $ 10.000 millones. Nada se tradujo en mejoras ni en la modernización del complejo minero, tampoco en mayor producción. Por el contrario, la empresa sostiene ahora que durante la gestión anterior la planta de personal aumentó un 233% y su producción se redujo en un 85%: se volvió a extraer la misma cantidad de carbón que en 1953.

Amplían la denuncia contra un intendente K por la mina de Río Turbio
ue estatal, estuvo privatizada en los noventa 90 y la corrupción Kirchnerista la dejó en malas condicione. Foto (Rubén Digilio)

En este contexto, una nueva denuncia salpica a la anterior administración de la empresa intervenida. La causa se radicó en el juzgado del juez Sebastián Ramos, y fue realizada por el interventor de YCRT -Omar Zeidán-, que puso en marcha hace dos semanas un plan de reducción de personal enviando 500 (se efectivizaron 215) telegramas de despidos y con el objetivo de generar un ahorro en la empresa subsidiada por el Estado, y procurando un ahorro de $ 1.000 millones.

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YCRT concentra al menos 13 denuncias por diversos hechos de corrupción. La mayoría de ellas se unificó en la acusación contra el ex ministro Julio De Vido por malversación de fondos: allí se estima un desvío de al menos $ 265 millones. Por ese expediente, el ex funcionario terminó procesado por el juez Luis Rodríguez por administración fraudulenta, con prisión preventiva.

En esta oportunidad, la intervención denunció una serie de convenios de la UTN, que intervino en estudios geológicos ordenados por YCRT y financiados por el extinto ministerio de Planificación Federal.

Amplían la denuncia contra un intendente K por la mina de Río Turbio
La mina de carbón de Río Turbio, no pudo mejorar su producción durante el anterior gobierno. Foto Rubén Digilio.

La firma de varios acuerdos de Cooperación y Asistencia Técnica presentaron, según la denuncia a la que accedió Clarín, “un accionar discrecional y sin el más mínimo cumplimiento de las normas legales y administrativas, que rigen para el funcionamiento de la administración pública y de la propia UTN”. El rector de la casa de altos estudios, seccional Santa Cruz, Martín Goicochea también cuenta con un pedido de detención del fiscal Carlos Stornelli.

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Las irregularidades se observaron en las adendas firmadas y anexos del convenio principal que era para estudiar las propiedades geomecánicas de los macizos rocosos del manto Dorotea. El presupuesto fue de $ 30.208.357. Tiempo después, se firmó una anexo entre la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid y la UTN por € 198.691,86, “que equivale a esa fecha a $ 1.211.332,28, no pudiendo constatarse las razones de la diferencia”, indicó la actual intervención.

Con más adendas y anexos, por este proyecto se terminó pagando $ 32.526.194,40. Otro convenio se firmó para un estudio geofísico que demanda perforaciones por 16.800 metros, pero sólo se acreditó la perforación de 11.847 metros. Y se concluyó: “Todos los estudios geológicos y análisis de las muestras o testigos extraídos estuvieron a cargo del personal de YCRT, sin participación de la UTN según se había acordado”.

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No se encontró evidencia sobre el cumplimiento de la afectación de personal técnico para la ejecución, control, auditoría o asesoramiento de las actividades contempladas en los convenios, “pese a que facturó por ello $ 30.190.479,76”.

La denuncia sostiene que esta maniobra se utilizó para realizar “contrataciones de bienes y servicios apartándose de las normas vigentes” y se apunta contra Pérez Osuna y Lisse.

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En primer lugar, “no existen informes claros previos a su firma que hubieren determinado la real necesidad de los servicios que se contrataron, ni estudios previos indicativos de su posible relación costo-beneficio o de los resultados esperados”, señaló el actual interventor.

Sólo se detectaron notas genéricas, planteando sin más la necesidad de las contrataciones, aunque sin especificar por qué motivo eran pertinentes ni qué beneficios traería a YCRT

Fuente: Clarín

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