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Sábado, 21 de Abril de 2018

Lobby, una actividad necesaria para la democracia participativa

Miguel Ángel Martínez

(07/01/2018) Al hablar de regulación del lobby o gestión de intereses ante las autoridades públicas se pone el acento en el registro de las actividades e interacciones que mantengan las autoridades, legislativas o ejecutivas, con los ciudadanos y sus grupos de interés: organizaciones de la sociedad civil, empresas y asociaciones profesionales. El lobby se sostiene en un derecho básico de toda democracia y república, que es el de peticionar a las autoridades. Por llevarlo a un extremo, una sociedad sin lobby se parece más a Cuba o a Corea del Norte que a cualquier ejemplo de sociedad civilizada que conozcamos.

Todos los integrantes del gobierno de un Estado con responsabilidades regulatorias, tanto a nivel político como técnico, intentan armonizar entre intereses diversos que muchas veces compiten entre sí. Cuanto mayor sean el entendimiento y la comprensión que obtengan quienes deben regular un caso o situación, mayor y mejor será la solución arbitradora a la que arribarán, fortaleciendo el funcionamiento del proceso político para beneficio de todos los ciudadanos.


La tarea de hacer comprensibles a los decisores de políticas públicas los intereses que cada una de las partes involucradas promueve es la fundamental acción de lobbying que realizan quienes practican las relaciones gubernamentales. Para hacerlo con eficacia, además de necesitar capacidades de comunicación, deben abordar la posición que representan desde una matriz conceptual política.

Es imprescindible obtener una adecuada comprensión de la naturaleza jurídica de un problema o situación y conocer las exigencias que el caso impone desde lo administrativo o institucional. De todos modos, en estas instancias estamos tratando sobre condiciones de la táctica. A un nivel más profundo yace en el sustrato del caso lo estratégico, que explica y da sentido a todo lo demás. Es la dimensión de la política, a quienes los clásicos definían como "el arte de lo posible". El gobernante se enfrenta continuamente con necesidades políticas que serán el criterio rector de sus decisiones de gestión. De aquí surge la imperiosa necesidad del lobbying como actividad de mediación que procura la adaptación de intereses particulares, a la instrumentación del interés público que realizan los organismos e instituciones de un Estado.


Toda institución gubernamental debería celebrar la existencia del lobby, ya que un buen profesional en la materia será una valiosa fuente de información, fundada y veraz, que hace posible el reconocimiento de diversos puntos de vista. El pluralismo ideológico y una participación de la ciudadanía en la acción de gobierno fortalecen y maduran el sistema democrático y republicano.

Hoy, el acceso a la información de interés público está legislativamente garantizado a todo ciudadano. La evolución cívica exige que también debería poder asegurarse a toda parte interesada poder participar en el proceso analítico y deliberativo de una situación objeto de algún tipo de regulación estatal. Los funcionarios públicos deberían estar obligados a escuchar previamente a todo aquel que muestre un interés legítimo en relación con un tema, al margen de que adquiera o no relevancia mediática.


Sabemos que una sana opinión pública se construye con la participación y el debate de voces plurales. Todos los sectores y actores de la sociedad son necesarios en la discusión, desde asociaciones de empresarios o cámaras de comercio hasta el tercer sector y ONG, ciudadanos comunes, la academia, sindicatos, empresarios y políticos, con o sin lobbistas, todos y cada uno deberían tener participación. Y, si hubiera formalismos que puedan plasmar estos valores en exigencias normativas, pondrían en valor una regulación necesaria para la maduración democrática.

El abordaje que hacen los abogados se centra en la dimensión jurídica de un caso. El de los periodistas, en las salientes noticiables. El gobernante, desde el poder jurisdiccional que le competa, decidirá en función del contexto político. Lidiar con todas estas lógicas diversas es la tarea del lobbista. No obstante las suspicacias que el nombre connota, se trata de una profesión noble y digna, absolutamente necesaria para la democracia participativa.

El autor es lobbista y abogado

Fuente: LA NACIÖN

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