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Jueves, 18 de Enero de 2018

Agroquímicos. Unas 25 localidades ya tienen normas más restrictivas

Por Fernando Colautti

Desde hace más de una década, cada año se suman más pueblos y ciudades cordobesas al debate local sobre el impacto de las pulverizaciones con agroquímicos para las zonas urbanas.

(Córdoba - 18/12/2017)
El último -semanas atrás- fue en Dique Chico, una muy pequeña comuna de la zona de Alta Gracia en la que mientras algunos vecinos se movilizaban reclamando más controles y restricciones, otros se encadenaban en protesta para evitar que esas limitaciones sobre su producción rural avanzaran.

Unas 25 localidades cordobesas (de las 427 existentes) han dictado ya normas propias, más restrictivas que la ley provincial de agroquímicos, vigente de 2004.


Esa ley prohíbe toda fumigación aérea a menos de 1.500 metros de zonas pobladas. Y a las terrestres las restringe parcialmente: en los 500 metros vecinos a viviendas no pueden aplicarse algunos productos, aunque sí permite otros considerados por el ente nacional Senasa como de menor riesgo tóxico. Entre esos está el glifosato, el más utilizado en la práctica rural actual.
Para esas pulverizaciones terrestres pegadas a áreas pobladas la ley exige que se cumplan varios requisitos (climáticos, técnicos y de aplicación con un profesional autorizado y maquinarias habilitadas), más un control del municipio.

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La discusión pasa por si es suficiente esa restricción, si la clasificación de productos de riesgo no debiera revisarse, y si los controles se cumplen. En parte, la ley descansa sobre la capacidad de control de comunas o municipios que, en algunos casos por incapacidad operativa y en otros por desinterés o inoperancia, no es ejercida.

Los municipios que han dictado restricciones, en general, han fijado “zonas de resguardo ambiental”: franjas en las que no se permite ninguna aplicación química. Esa distancia es muy variable: va desde los 200 a los 1.500 metros, según los casos. El acatamiento real también depende de la voluntad y la capacidad de control de cada municipio.

Entre las ciudades más grandes que han dictado normas de ese tipo están Alta Gracia, San Francisco, Oncativo, Jesús María, Oliva, General Baldissera, Mendiolaza, Hernando, Villa General Belgrano, San Marcos Sierras y Huinca Renancó.

En barrio Ituzaingó Anexo, de la ciudad de Córdoba, esa restricción surgió antes y por orden judicial, tras un juicio por contaminación.

En la Legislatura cordobesa se presentaron varios proyectos en los últimos años para establecer prohibiciones más estrictas en campos pegados a áreas urbanas, escuelas y cursos de agua. No fueron tratados. La discusión está planteada entre quienes creen que sólo se deben mejorar los controles que impone la ley existente, y los que reclaman cambios con restricciones más marcadas que hagan más foco en la salud que en la producción.

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La distancia de las zonas pobladas es la clave
La mayoría de las ciudades que dictaron sus propias normas en la materia han dispuesto distancias mínimas a zonas pobladas hasta las cuales no pueden aplicarse agroquímicos. En algunos casos, son 200 metros, y llegan en algunos pueblos hasta los 1.500 metros.

Fuente: La Voz del Interior

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