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Martes, 25 de Septiembre de 2018

Farmacity en la Provincia: divergencias renovadas

(LA PLATA - 17/12/2017) El intento de desembarco de la cadena en la Provincia generó rispidices en la Legislatura. La oposición presentó un proyecto para bloquear el ingreso de sociedades anónimas. La iniciativa quedó en comisión
Farmacity en la Provincia: divergencias renovadas
El intento de desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires suma más polémica a medida que el tiempo pasa, sin definiciones del Gobierno de María Eugenia Vidal y con la Corte Suprema de Justicia de la Nación reteniendo el expediente sin plazos para su tratamiento.

El marco regulatorio actual, la ley 10.606, no contempla la posibilidad de instalar una farmacia a sociedades anónimas. Ese es el eje del debate que ya acumula varios años en el Poder Judicial bonaerene, tres sentencias en contra para la empresa y, ahora, la llegada con un recurso de queja ante el máximo tribunal del país.

Pero el debate tuvo un nuevo capítulo en la Legislatura, cuando la oposición quiso avanzar con un proyecto que asegure la restricción que hoy le impide a Farmacity instalar sucursales en territorio bonaerense. El proyecto, de un solo artículo, señala que la propiedad de las farmacias, estable-cida en el artículo 14 de la ley 10.606, es “taxativa” y no “enunciativa”. Sólo eso.

Quienes pueden instalar una farmacia en la actualidad son sociedades colectivas o de responsabilidad limitada, centros de salud dependientes del Estado, y obras sociales, mutuales o gremiales, siempre que deleguen la dirección técnica en un profesional habilitado. También pueden hacerlo profesionales por su cuenta.

La iniciativa opositora, del diputado massista Lisandro Bonelli, no llegó a los dos tercios, y el proyecto pasó derecho a la comisión de Salud. Para eso fue vital el rechazo del bloque oficialista Cambiemos, con directivas precisas del gobierno bonaerense.

Según pudo reconstruir La Tecla, el ministro de salud, Andrés Scarsi, y la secretaria Legal y Técnica, Fernanda Inza, bajaron un mensaje claro a los legisladores: “Que decida la Justicia. No nos vamos a meter”.

La falta de declaraciones públicas de las autoridades bonaerenses es un reclamo constante de distintos sectores. En el medio aparecen los intereses políticos. El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires señala una fuerte injerencia del Gobierno nacional en la cuestión.

Mario Quintana, actual vicejefe de Gabinete, fue, hasta fines de 2015, CEO del Grupo Pegasus, que controla Farmacity. La empresa inició la batalla legal contra la negativa de la provincia de Buenos Aires mientras él estuvo al frente de la compañía.

“El juicio en la provincia de Buenos Aires estaba ya terminado. En las tres instancias lo perdió (la empresa). La Corte Suprema pide este expediente porque se trata de este funcionario en particular, si no se hubiera rechazado sin más trámite. Estamos convencidos”, dijo a La Tecla, María Isabel Reinoso, titular del Colegio de Farmaceúticos bonaerense.

La presentación del proyecto opositor expuso al radicalismo. La ley 10.606 se sancionó en 1987, en el tramo final del gobierno radical de Alejandro Armendáriz, médico de profesión.

La norma guarda relación, por ejemplo, con la regulación española, que es mirada como un modelo contrario al de libre mercado. Sin embargo, la UCR, dentro de Cambiemos, optó por el silencio. El tema le es muy sensible. La radical Alejandra Lorden, nuera del mencionado exgobernador, es la actual presidenta de la comisión de Salud. Ante la consulta de este medio, la diputada oriunda de Saladillo no quiso hacer declaraciones.

El proyecto de Bonelli quedó en esa comisión para su tratamiento antes de volver al recinto, si es que llega a esa instancia. Desde Cambiemos, que tiene preponderancia legislativa, aseguraron, en tanto, que la iniciativa no tiene prioridad parlamentaria para 2018.

De todas maneras, la ficha final quedó en manos de la Corte Suprema de la Nación, que pidió el expediente hace cuatro meses.

Fuente: La Tecla info

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