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Lunes, 11 de Diciembre de 2017

RAM: el deber del Gobierno es actuar

Por Carlos Mir

Su acción debería ser doble: judicial y policial. Ningún grupo violento que ocupa tierras públicas o privadas debería durar un minuto más en su postura

(06/12/2017) Si alguien preguntaba tan solo dos años atrás qué era RAM, estoy seguro que nadie hubiera podido responder con seguridad. En efecto, de repente, como salidos de la nada, nos enteramos casi al mismo tiempo de su existencia y de su violencia.

Ese solo hecho ya debería levantar sospechas. ¿Cómo puede ser que 50 personas pongan en jaque a un Estado inseguro, sorprendido y con una enorme carga de culpa? ¿Cuáles son las relaciones de este grupo? ¿Quiénes son?

Hay evidencias de que algunos de sus integrantes han tenido contacto operacional con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que varios participaron del congreso indigenista que se celebró en Bolivia, el año pasado, durante la presidencia de Evo Morales, y con la inquietante e inexplicable participación de Irán. Como todos sabemos, ese país dista mucho de ser un pueblo indígena u originario de las Américas.

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¿Qué hacía Irán allí? ¿Cuál era su propósito? En distintos think tanks especializados no se duda de que se están poniendo en práctica estadios de gimnasia revolucionaria y de agitación social tomando como argumento cualquier cosa que cuadre más o menos adecuada para tal fin.

La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) tiene conexiones con el kirchnerismo, que le compraba tranquilidad pagándole con dinero público un subsidio que tenía por objetivo mantener en calma el área de Vaca Muerta. Hoy ese dinero ya no existe.


Los RAM no son mapuches, por eso andan encapuchados. Su fisonomía los delataría. La escasa población indígena argentina era mayoritariamente lampiña. De contextura física delgada y longilínea, no tenían, sin embargo, pelo en la cara ni en el pecho. Era una característica étnica generalizada. Estos no lo son, se apoyan en las sanas reivindicaciones de un pueblo pacífico para ir por otra cosa.

El Gobierno debería advertir esta mentira y comenzar a actuar con premura. Su acción debería ser doble: judicial y policial. Ningún grupo violento que ocupa tierras públicas o privadas debería durar un minuto más en su postura. Las fuerzas federales están, entre otras cosas, para asegurar la vigencia de la Constitución, que se ve claramente violentada por estos grupos que se dan el lujo de palpar de armas a los jueces por la televisión.

Es cierto que el Gobierno y la Argentina toda cargan con un peso atávico que impide que la ley y el orden sean restaurados bajo el argumento de que toda acción que tenga ese fin es represiva. Los propios medios de comunicación a veces actúan como poleas de transmisión de ese veneno cuando los periodistas hablan de "represión" frente a hechos que en otros países son interpretados como lo que son: el accionar de las fuerzas de la ley para hacer que esta vuelva a imperar donde había dejado de hacerlo por el accionar de grupos sediciosos.

Hasta este calificativo, de raíz constitucional, es peyorativamente confundido para evitar que la sociedad llame a las cosas por su nombre. En efecto, el artículo 22 de la Ley Fundamental dice que comete ese delito, y por lo tanto es un "sedicioso", quien, arrogándose los derechos del pueblo, peticione a nombre de este.

Pero la Argentina se ha convertido en un territorio en donde se verifica el que quizás sea el escalón más profundo de la injusticia: aquel que lleva a imponerle la ley con rigurosidad implacable a una parte de la sociedad, mientras se permite que, para otra parte, el orden jurídico sea meramente opcional.

Desafortunadamente el país tiene antecedentes de qué ocurre cuando estos procesos se dejan avanzar sin que se les preste la debida atención.

Quien probablemente sea el futuro presidente de Chile, Sebastián Piñera, ya ha dejado en claro que bajo su administración la versión local de la RAM será tratada, perseguida y juzgada como una organización terrorista. ¿Qué esperamos que ocurra si nosotros no hacemos lo mismo? Obviamente los miembros chilenos emigrarán hacia nuestro país para continuar sus actividades revolucionarias aquí.

Lo que enfrentamos no es un chiste. Es la más seria amenaza hacia un futuro de democracia y paz que el país debe tratar. Y justamente la mayor ventaja actual es que ese movimiento es incipiente y minoritario.

El Presidente concluía sus actos de campaña, cuando era candidato, siempre con la misma frase: "Somos nosotros, es aquí, es ahora". Debería recordar esas palabras y aplicarlas a este problema: "Somos nosotros, es aquí, es ahora". Si se deja avanzar, luego será demasiado tarde para enfrentarlo.

El imperio de la ley, de la soberanía y del derecho debe ser restaurado sin lugar a que quepa ninguna duda. De nada servirán los acuerdos, las relaciones internacionales y el papel de la Argentina en el mundo si no tenemos la autoridad mínima para asegurar que un conjunto de delincuentes no se saldrá con la suya. Es la prueba más elemental que la sociedad debe recibir para saber que la paz y el orden no serán llevados por delante por el mero ejercicio de la fuerza bruta.

Fuente: Infobae

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