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Lunes, 11 de Diciembre de 2017

RECURSOS DILAPIDADOS

Millones gastados y ningún resultado en la cuestión territorial indígena

ITALO PISANI

En el país destinaron $ 400 millones a un relevamiento de comunidades que comenzó en 2006 y debía terminarse en tres años. No se entregó un solo título.

(04/12/2017) Creció fuertemente el número de comunidades que se atribuyen derechos territoriales, al amparo de normas nacionales y provinciales.
Una de las camionetas, usada para fines ajenos al definido.

Millones dilapidados. Diez años casi estériles. El dinero que destinó el Estado nacional desde 2006 al “relevamiento técnico catastral de tierras que ocupan las comunidades originarias y su regularización dominial” fue cayendo en saco roto. No hubo un solo título entregado.

Los sucesivos presupuestos otorgaron ya casi 400 millones de pesos al Programa 16, de atención y desarrollo de las poblaciones indígenas. Nació de la ley 26160 que declaró la emergencia en posesión y propiedad de las tierras ocupadas por comunidades reconocidas o en trámite de serlo.

El problema es que esta emergencia se viene prorrogando “in eternum”. El relevamiento debía cumplirse en tres años (es decir, en 2009), pero ya van cuatro aplazamientos. La última prórroga, dispuesta semanas atrás, estira ahora los plazos hasta el 2023.

Los resultados hasta hoy son magrísimos: de 1.532 comunidades identificadas sólo fueron relevadas 759, pero de éstas apenas 459 cuentan con relevamiento completado. “Lo peor es que no sólo no se avanza en la entrega de títulos sino que se desconoce el destino de muchas carpetas”, sostiene Amnistía Argentina.

Fuera de Buenos Aires, Río Negro está entre las provincias que recibieron los montos más elevados de un programa que pareció funcionar discretamente bien en su primera etapa (2008 a 2011), cuando se censaron unas 60 comunidades. Pero la segunda fase, que debía emprenderse en 2014, comenzó con el pie izquierdo.

El convenio original de 2008 fue firmado entre el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y el Ejecutivo rionegrino, que asignó al Codeci (Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas) el manejo de recursos: $2.174.550 en cuatro remesas. Pero en la siguiente etapa, el Codeci se declaró excluido, y hoy brega por saber dónde fueron a parar nuevos fondos asignados, que calcula en más de 8 millones.

Sin embargo, el gobierno dio cuenta de cifras sensiblemente menores recibidas durante la gestión Weretilneck. Los documentos oficiales enviados a este diario determinan que llegaron del INAI $ 2.248.596, de los cuales fueron rendidos $ 1.877.250, con lo que quedó un “saldo a invertir” de $ 371.356. La remesa de fondos hoy está suspendida.

¿Qué destino tuvo el dinero?

El ministro Luis Di Giacomo aseguró que fueron contratados tres agentes, para lo cual se erogaron $ 379.425. Sin embargo, estas personas debieron ser reubicadas en otras áreas del gobierno “ya que no se formaron las comisiones” del equipo técnico.

Del mismo modo, admitió que se invirtió en la compra de tres camionetas Toyota Hilux por un total de 1.518.300 pesos. ¿Dónde están? “Estuvieron depositadas en el gobierno y las usamos esporádicamente ante situaciones de carencia de vehículos. El pasado lunes, por ejemplo, me pidió una la gente de Tierras pues no tenía forma de recorrer la Línea Sur”.

Una de las Hilux ha sido vista estacionada frente a la vivienda de un funcionario (ver foto).

Fallas inconcebibles

La mitad de los más de dos millones de pesos recibidos por Río Negro en la primera etapa quedó sin rendir, según consta en el último informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). Pero no sólo eso. El órgano de control reportó serios problemas en la implementación del proyecto:

• Baja capacidad técnica del Equipo Operativo (ETO).

• Dificultades técnicas en la presentación de carpetas finales. Entre junio y julio de 2010, el ETO presentó al INAI 19 carpetas, todas devueltas con observaciones.

• Discoordinación entre las áreas del equipo.

• Personal no capacitado.

En octubre de 2010 hubo una reformulación del programa que hasta perdonó los fondos que faltaban rendir. Se advertía que las comunidades a relevar crecían y los fondos se evaporaban rápidamente. De modo que se duplicó el presupuesto y se ampliaron los plazos de entrega de expedientes. En enero, febrero y junio de 2011 se transfirieron a Río Negro $1.921.045. Y en 2013 llegó la última tanda de $2.248.596. En total, las remesas a Río Negro suman $5.545.246.

A medida que pasan los años, los fondos se volatilizan y los nuevos saben a poco. Las comunidades se declaran cada más numerosas y las soluciones dominiales brillan por su ausencia.

Es así que Río Negro registra una de las peores performances en el cumplimiento del programa. Neuquén -como se informó el sábado- incluyó contadas 50 comunidades en el relevamiento, de las que la mitad tiene trámite terminado. Así y todo, el gobierno hace notar que desde 1964 viene otorgando unas 500.000 hectáreas a familias mapuches.

Los avances mayores (relevamientos culminados) se dan en Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Pero estas provincias representan un universo de 456 comunidades de 1.532.

Cada vez más

En Río Negro, se consideraba que había 50 comunidades originarias en 2006. Para la primera parte del programa, se buscaba relevar 120, pero sólo se censaron 60. Hoy se calcula que hay 146, algunas con personería jurídica y otras en trámite, señala Doris Cañumil, titular del Codeci.

Tal “explosión demográfica” de comunidades sólo puede entenderse vía la vasta -y subjetiva- interpretación que deja la propia ley rionegrina 2287 cuando habla de por lo menos tres categorías de población urbana: las autóctonas o de probada antigüedad de asentamiento en el territorio provincial, las concentradas y las dispersas. Y dentro de éstas dos últimas, las urbanas y rurales.

De modo que es tan variopinta la tipología como heterogéneos los intereses particulares, colectivos y hasta ideológicos, lo que podría explicar por qué que año a año florecen decenas de comunidades mapuches. Por añadidura, la suspensión de desalojos establecida por ley es otro argumento que posiblemente tiente a la autoproclamación de la condición indígena o, en el mejor de los casos, a interpretaciones equívocas, de cara a un conflicto judicial o extrajudicial.

“El relevamiento no resuelve el acceso a la propiedad comunitaria. Se necesita un acuerdo federal. Hubo muchas anomalías desde 2006 hasta hoy”.
Jimena Psathakis, titular del Instituto Nacionl de Asuntos Indígenas (INAI).
Exigencia
8.500.000
hectáreas son las que pretenden las comunidades indígenas en todo el país, según el INAI. Equivale al 3% de Argentina.
La ley prorrogada 26160 ordena declarar la emergencia en la posesión y propiedad de las tierras que ocupan comunidades indígenas originarias del país con personería, o aquellas preexistentes.
Luis Di Giacomo
Ministro de Gobierno
Sostiene que los fondos recibidos por la gestión Weretilneck fueron rendidos. Pero admite que los recursos son usados para otros fines.
Doris Cañumil
Titular del Codeci
No oculta su molestia por la “exclusión” del órgano mapuche que preside en la segunda etapa del relevamiento de tierras, hoy inactiva.
Jimena Psathakis
presidenta del INAI
Se hizo cargo del organismo el mismo día que desapareció Santiago Maldonado. Admite que no había un sistema de rendición de cuentas.
“Nos dejaron afuera”
P- ¿Participan ustedes del relevamiento territorial establecido por ley?

R- Hicimos la primera etapa, en la que se relevaron alrededor de 60 comunidades. Quedan algunas carpetas para cerrar de la segunda etapa.

P- ¿Y en la segunda?

R- Debía comenzar en 2014, pero no se garantizó la participación indígena como establece la ley, por lo que nuestra organización se opuso a que se implementara.

P- ¿Llegaron fondos para esa segunda etapa?

R- Sabemos que bajaron recursos al gobierno, alrededor de 8 o 9 millones, pero no se relevó ninguna comunidad. Nosotros no tuvimos control sobre eso, porque se nos dejó afuera.

P- ¿Se compraron vehículos?

R- Sin la conformación de este equipo, las camionetas no podrían funcionar. Y si las usa el Ministerio de Gobierno, lo desconocemos porque no sabemos cuáles son.

P- ¿Se contrató gente para esta segunda etapa?

R- Lo desconocemos, porque nunca se conformaron los equipos técnicos operativos.

P- ¿Qué debían hacer en la segunda etapa?

R- Relevar otras 60 comunidades. De acuerdo a los convenios firmados, se relevó hasta ahora el 50% de las 120 comunidades dentro de la provincia. Pero por fuera de ese convenio hay más comunidades que piden relevamiento. Calculamos 30 más.

P- ¿Y hubo regularización de tierras?

R- Aclaremos que para el problema territorial, la ley 26160 no es la solución definitiva. El problema territorial se va a empezar a solucionar cuando se empiece a reconocer cuáles son los territorios. Todos los indígenas que vivimos sobre el territorio somos actualmente ocupantes precarios.

Años y dinero perdidos para un censo trunco
La dirigente mapuche Cañumil no oculta su malestar por el ninguneo de la provincia en el programa. Y admite frustración al advertir la absoluta falta de resultados en el otorgamiento de los títulos (ver aparte).

Respecto de lo primero, fuentes del gobierno atribuyen la exclusión del Codeci a internas dentro de las propias comunidades, que hicieron eclosión en la etapa final del kirchnerismo entre sectores de la Cámpora y el grupo Evita. En cambio, la AGN plantea “conflictos políticos entre el gobierno y Codeci”.

El referente del Pro en Río Negro, diputado nacional Sergio Wisky, comparte el diagnóstico: “La situación en Río Negro y Chubut es catastrófica. En la provincia hay nuevos actores y nuevas demandas, y un conflicto económico y social por doce años de inacción”.

En base a las sombrías conclusiones de la AGN, que determinó que el INAI recibió 392 millones de pesos entre 2010 y 2015 para un trunco censo territorial, y que Río Negro no le fue en zaga, estaría a punto de abrirse una investigación administrativa en la provincia para determinar qué destino tuvieron los fondos no rendidos y aquellos nuevos transferidos para la segunda etapa del programa, sobre la cual Codeci parece haber perdido todo tipo de control, pese a que -paradójicamente- el organismo figura bajo la órbita del Ministerio de Gobierno en el organigrama oficial.

Roca

Fuente: Diario Río Negro

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