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Sábado, 25 de Noviembre de 2017

Impuestos al patrimonio, de Nación a las provincias

Por Paula Martínez

Los gobernadores provinciales deberán sustituir ingresos brutos por tributos menos distorsivos, como el inmobiliario.

(09/10/2017) En la teoría de las finanzas públicas, los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos deberían ser reemplazados, aunque sea en parte, por tributos más equitativos, como los patrimoniales.

El problema del financiamiento de las provincias está en el fondo del importante crecimiento del peso de Ingresos Brutos. Este tributo no sólo aumentó por la suba de alícuotas o por la imposición de tasas más altas a empresas de extraña jurisdicción, sino también por la multiplicación de regímenes de retención que implican un alto costo financiero para los contribuyentes, sobre todo si quedan saldos a favor.

Con este panorama, en un esquema ideal, los denominados impuestos “prediales” o inmobiliarios deberían ser uno de los pilares de la recaudación de los gobiernos locales, y el Estado nacional debería concentrar sus esfuerzos en gravar ingresos y actividad económica.


De esta manera, cada jurisdicción se concentraría en lo que puede recaudar de manera más eficiente y a través de la coparticipación se distribuirían los recursos según los objetivos de política que se planteen.
¿Qué tan lejos está Argentina de este escenario? Bastante. Hoy, el Impuesto Inmobiliario representa menos del 10 por ciento en cada una de las provincias, y en el agregado, no suma más del siete por ciento. Si se suma el tributo sobre los vehículos, no llegan al 15 por ciento de la recaudación local.

En cambio, Ingresos Brutos aporta 7,5 de cada 10 pesos de recursos propios de esas jurisdicciones y el 10 por ciento corresponde a la imposición a empresas de extraña jurisdicción. Una tasa diferencial que todos coinciden que es perjudicial, porque implica aduanas interiores y debe ser eliminada, pero nadie quiere resignar sin algo a cambio.

La dinámica de la última década, cuando subió el peso de Ingresos Brutos (en 2001, era del 55 por ciento) y bajó el aporte del Inmobiliario (del 17 por ciento al siete en 15 años) obedeció a una cuestión política. Revaluar inmuebles urbanos o rurales implica un costo político para la Provincia, y los gobernadores siempre se quejaron de a que este costo lo pagaban ellos, pero la Nación también obtenía su tajada a través de Bienes Personales, sin que la población se lo “facture”.

Ahora, en cambio, el Estado nacional decidió retirarse de los impuestos patrimoniales para dejar espacio al crecimiento de las provincias. En la ley del último blanqueo y sinceramiento fiscal, Bienes Personales se reduce en forma paulatina hasta quedar con una alícuota de 0,25 por ciento en el período fiscal 2018 (vence en 2019). En 2017, pese a que la base imponible se duplicó por el blanqueo, este impuesto aportó sólo el 0,8 por ciento de los ingresos del fisco nacional entre enero y septiembre. En el mismo período del año pasado, había representado el uno por ciento del total.

Desde el Gobierno nacional, entienden que esta “retirada” deja lugar a que las provincias avancen con los impuestos patrimoniales locales .

Más allá de algún cambio en el reparto del Impuesto al Cheque (otro tributo distorsivo que debería tender a desaparecer), esta sería una de las formas de recuperar lo que se deje de cobrar por una modificación transitoria de Ingresos Brutos. Habrá que ver si los gobernadores están dispuestos a avanzar o no.

Fuente: La Voz del Interior

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