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Jueves, 19 de Octubre de 2017

“SOJA Y DERECHO MUNICIPAL-AMBIENTAL”

Enrique J. Marchiaro. Ediar, Bs. As, 2011. Obra patrocinada por la UNQ.

Potestades y límites de los municipios argentinos frente al monocultivo y los agroquímicos.

(22/02/2015) Argentina cuenta con alrededor de 2.200 gobiernos locales y más de la mitad se ubica en la zona de producción sojera. Muchos llevan adelante diversas acciones respecto de los pro y los contra del este cultivo, sin medir el grado de validez jurídica de sus acciones, por lo que en este ensayo se dará respuesta a: ¿Qué pueden y que no pueden hacer desde el punto de vista jurídico nuestros municipios en relación a los ogm, el monocultivo y los agroquímicos?
Cuatro grandes actores participan de este proceso: los productores, el complejo comercial-industrial, los gobiernos nacional-provincial-local y la sociedad civil, siendo portadores a su vez de tres visiones en la materia: productiva, ambiental y de salud pública.
Estos actores y estas visiones son acompañadas por diversas disciplinas: economía, ciencias agrarias y otras, entre las que se encuentra el derecho, desde donde se detectan unos 19 temas de los que se tratan solo 3 (glifosato, monocultivo y ogm). Todos estos temas son de competencia concurrente ( Nación-Provincias-Municipios). Esta concurrencia implica grados diversos y una fuerte presencia de lo global por un lado y de lo subnacional y local por el otro.
La diversidad de actores y visiones, la interdisciplinariedad del tema y la concurrencia jurídica reclaman diálogo y concertación como único modo de superar un escenario que luego será más difícil de manejar.
Vale aclarar que lo arduo y vasto de los temas involucrados puede llevar a posibles errores de detalle (que en algunos casos son un reflejo de las mismas disciplinas técnicas, por ejemplo como se designan ciertos productos o sus clasificaciones). Sin embargo esto no afecta el curso de la investigación, pues para determinar la validez jurídica de una línea agronómica -si bien debe comprenderse el estado general del tema- no es necesario un pleno acuerdo previo de las visiones ambiental, productiva y de salud pública. No es posible acordar una solución técnica no jurídica previa que luego se volcaría en el derecho, precisamente porque nuestra disciplina participa en el mismo proceso de análisis y decisión.
Dicho de un modo más sencillo, en principio es claro el consenso sobre la necesidad de las líneas agronómicas municipales, pero también el disenso sobre el cómo de las mismas. Es que el principio precautorio exige actuar allí donde hay riesgos pero no certeza científica.
Las principales conclusiones que se elaboran son:
1-Soja y derecho argentino: Es un tema concurrente con tendencia hacia lo subnacional.
De 19 temas –donde predomina el derecho ambiental- el derecho municipal parece menor por identificarse en 3 ocasiones. Pero como la concurrencia se da 14 veces y esta implica los tres niveles estatales, entonces el papel del derecho municipal es mucho más relevante.
2-Las normas sobre semillas y agroquímicos son extensas, contradictoras y de alto contenido técnico. El tema es concurrente, siendo básicamente nacional a nivel de autorización y comercialización de semillas, provincial en el control fitosanitario y local en aspectos concurrentes.
A nivel nacional hay una interconexión muy fuerte con el derecho global, el que comienza por el derecho privado, sigue por el ambiental y alimentario y se adiciona luego el bloque de derechos humanos.
Es imposible conocer todo el entramado regulatorio porque cada operador (jurídico o técnico) lo lee desde su área. De allí que el diálogo y la concertación se necesitan también en el plano jurídico.
3-Se identificaron tres tipos de líneas agronómicas y ambientales locales.
El fundamento jurídico de la regulación municipal sobre glifosato no es materia de debate pero sí su alcance, por lo que es normal la diversidad en la legislación, doctrina y jurisprudencia.
Los tres tipos de líneas son:
Mínima: coincide con el límite de la zona urbana o suburbana.
Media: línea agronómica fijada en 200 mts. desde el final de la línea mínima.
Máxima: línea de resguardo ambiental fijada del mismo modo. Promedio 500 mts.
Se constatan algunos casos de autolimitación por convenio con el gobierno local.
La prohibición total municipal es inconstitucional (caso Chañar Bonito).
En cuanto al glifosato debe distinguirse el mal uso de la mora municipal, así como la falta de control provincial y local. Finalmente están los casos de buen uso de un producto autorizado (a nivel nacional) pero que igualmente puede producir contaminación en casos concretos, lo que se determina a nivel administrativo y-o judicial (a nivel provincial y local).
Se constata una importante oscilación de Nación en la materia.
Diversos usos del principio precautorio (caso San Jorge).
4-En materia ambiental el municipio puede exigir más que Nación y Provincia, pero sin invadir competencias ajenas y respetando el principio de proporcionalidad.
La obligación de información sobre ogm puede estar en cabeza de las provincias y aún de los municipios (aquí solo listas y no etiquetado, que es nacional).
La tutela del suelo rural es una competencia concurrente (el principal actor es la provincia, por ser titular del dominio) con presencia creciente del municipio.
Se identifica una sola hipótesis válida de prohibición total del cultivo de soja rr a nivel local pero que no altera la regla de invalidez de la prohibición total.
Son 3 casos muy excepcionales sobre más de 2.200, que se dan en municipios con competencia sobre el territorio rural y donde se tutela un entorno ambiental y-o productivo rural previo al cultivo de soja que resulta incompatible con esta.
5-El paradigma medio-ambiental y su tensión sobre la tesis de la igualdad absoluta entre derechos. Gran parte del derecho sostiene la tesis de la igualdad, la que no se conmueve por la presencia de lo ambiental (en cada época la sociedad opta por determinado valor que se realiza predominantemente, pero nunca a condición de suprimir los que están en conflicto, no existiendo una jerarquía a priori entre valores). Aparece una corriente que pone en duda la tesis de la igualdad absoluta, por cuanto el carácter paradigmático de lo medio-ambiental tendría una trascendencia metavalorativa.
Este es un tema abierto, donde confluyen: desarrollo económico, ordenamiento territorial, medio ambiente, federalismo, derechos humanos y municipios en una interfasse local-regional-nacional-global.
Hay diversas interpretaciones que se irán yuxtaponiendo, de enorme complejidad técnica pero que van de la mano del contexto no jurídico, donde los temas biotecnológicos, alimentarios, bioéticos y otros constituyen un entramado exquisito que transitamos y por ello mismo no podemos identificar aún.

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