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Martes, 16 de Agosto de 2022

El Concejo de Orán, sin autonomía financiera

Por un fallo de la Justicia, los fondos volverán a manejarse desde el Municipio.

(SALTA - 31/07/2022) Concejo Deliberante de Orán

La Corte de Justicia de Salta dio lugar a la medida cautelar interpuesta por la Municipalidad de Orán y ordenó suspender la aplicación de la ordenanza N§ 2245/2022 que establecía la independencia económica del Concejo Deliberante local. De esta manera el municipio deberá volver a sustentar económicamente al cuerpo deliberativo.

La Corte de Justicia determinó que existe un "conflicto de poderes". Entre los considerandos, se señala que el Concejo excedió las facultades que le competen; la aplicación de la ordenanza representa una amenaza a las finanzas públicas del municipio y el proyecto transgrede normas constitucionales.

La resolución enviada señala que con fecha el 30/12/2021 el Concejo Deliberante de dicha Municipalidad remitió al Departamento Ejecutivo, para su remuneración y promulgación, el proyecto de ordenanza de presupuesto correspondiente al ejercicio 2022 de ese cuerpo legislativo. Añade que tal remisión se hizo aduciendo la autonomía financiera reconocida mediante las ordenanzas 1374/05 y 1380/05, sin que se haya dado tratamiento -según agrega- al proyecto de ordenanza del Presupuesto General elaborado y enviado previamente por el Ejecutivo en fecha 16/12/2021 mediante resolución 2034/21.

Enuncia que el proyecto fue vetado mediante resolución 2105/22, donde se explicitaron como razones, que se trata de un instrumento legal que debe contener todos los ingresos y gastos del estado municipal, que a su vez constituye un instrumento de planificación de las políticas públicas con miras al cumplimiento de los fines del Estado, que financia el funcionamiento de todo el estado municipal, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, por lo que debe elaborarse un único presupuesto por el Ejecutivo y sancionado por el Concejo Deliberante, conforme el principio de unidad presupuestaria

Transgrede las normas

Postula que el proyecto elaborado por el cuerpo deliberativo transgrede normas constitucionales y ocasiona un grave perjuicio al funcionamiento del municipio, por privarlo, según advierte, del financiamiento para el cumplimiento de las tareas que hacen al bienestar general de la población.

En ese contexto, solicita que cautelarmente se suspendan sus efectos hasta tanto se resuelva el planteo de inconstitucionalidad. Encuentra que la verosimilitud del derecho surge clara de la contraposición de la ordenanza y lo dispuesto en la Constitución Provincial. Sustenta el peligro en la demora en el gravamen irreparable e irreversible que le ocasionaría a las finanzas públicas no suspender su vigencia y ofrece fianza personal en caso de ser necesario la contracautelar

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