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Martes, 9 de Agosto de 2022

Voracidad impositiva: la caja del Estado siempre pide más

Desde el Gobierno, se pretende que la sociedad crea que los productores agropecuarios son un sector ajeno a las desventuras del resto de la sociedad

(Buenos Aires. - 23/07/2022) El nuevo equipo económico debutó, entre otros anuncios, con la novedad de que se revaluarían las propiedades inmuebles en las provincias, una facultad que hasta ahora correspondía a las autoridades de cada distrito, por lo cual deberá migrar el organismo fiscal de valuaciones al Ministerio de Economía. Hace unos meses, ya se había producido un chisporroteo en la materia cuando desde la AFIP se dispuso que se multiplicaran por cuatro los valores de los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires.

Según el nuevo criterio de interpretación de la AFIP para inmuebles gravados en la CABA, el incremento en el impuesto es de entre el 400 y el 500%, además de que se grava doble: con el impuesto inmobiliario y con el de Bienes Personales.

A propósito de las revaluaciones, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, sostuvo que se trata de una iniciativa inviable en relación con el campo, tanto en términos tributarios como económicos. Y se lamentó de que la flamante titular del Palacio de Hacienda, que en oportunidad de ser ministra en la provincia de Buenos Aires había ya implementado un revalúo inmobiliario desmesurado, no hubiera llegado al cargo con propuestas de fomento del desarrollo económico, de tonicidad para la capacidad productiva instalada y de instauración de reglas claras para la inversión.

Los estudios contables que llevan asuntos vinculados con la actividad agropecuaria saben bien que la ganancia neta anual sobre el capital invertido oscila en general en el campo entre el 1 y el 2%; en casos excepcionales, puede llegar al 3%. Es útil reflexionar sobre lo que eso significa, como magra expresión de ingresos, comparada con los resultados de innumerables actividades de otro orden.

Sin embargo, los propagandistas del burocrático régimen imperante, animados de una ferocidad contra el campo que se remonta a 2008, pretenden que la sociedad crea que los agricultores y ganaderos constituyen un sector mezquino, ajeno a las desventuras del resto de la población. Sobre ninguna otra actividad pesan gravámenes tan descomunales como en cuanto al desenvolvimiento rural, con derechos de exportación sobre la soja del 33% y una incidencia ulterior de otros impuestos, como el de ganancias, del 35%. ¿Qué queda, entonces?

Sea por ignorancia o, con mayor seguridad, por perversidad ideológica o resentimiento social y político, se difunde que el dinero de la sociedad está en los silobolsas, que allí se atesora el alimento que se sustrae de quienes no tienen para comer. Es una vil mentira. El campesino va vendiendo el fruto de lo que ha gestado con esfuerzo, bajo la incertidumbre de hacerlo a cielo abierto, y de acuerdo con las leyes de difícil predicción a mediano plazo de la naturaleza. Busca, como corresponde, y porque es su derecho, el momento más apropiado para desprenderse de lo producido. Muchas veces se equivoca, por vender su producto más tarde o más temprano en relación con la dinámica en alza o en baja de los mercados, sujetos a su vez a infinidad de variables.

Lucha por defender los bienes que harán posible la continuidad de su trabajo en las campañas que sigan, y así sostener al núcleo familiar y a quienes los acompañan en sus labores. Debemos estar orgullosos de nuestros productores, que entre tantos obstáculos de la impericia gubernamental deben resignarse, como en estos días, a que el Estado les sustraiga más de la mitad del derecho a ser recompensados con el valor real de la moneda que constituye la contraprestación del mundo por lo que entregan.

Una revaluación de la propiedad inmueble sería una presión más entre las múltiples que el campo soporta a esta altura de parte de un Estado tan absolutamente ineficiente y dilapidador como carente de orientación confiable sobre el destino del país. Con porcentajes desmedidos e irreales de aumentos impositivos, se hará harto dificultoso afrontar los costos extraordinarios que ha habido y seguirá habiendo este año sobre todo tipo de insumos para sus actividades. Y se convertiría en un daño en no pocos casos terminal en el caso de que las revaluaciones se computen para el pago de Bienes Personales, de lo cual, al menos por ahora en las propiedades rurales, están excluidas las personas a título individual.

Salvo los años que corrieron entre 2016 y 2019, en que se eximió del pago del impuesto a los bienes personales a las personas físicas al día en sus presentaciones y que, además, no hubieran entrado en el último blanqueo, ha habido una gran burla del Estado desde 1991. Fue cuando ese gravamen entró a regir “por esta única vez”.

Con el actual gobierno, las alícuotas están en el tope de lo conocido: van, con un mínimo imponible que fue de 6 millones de pesos para 2021, del 0,50 al 1,50% sobre los bienes radicados en el país y del 2,25% para los que están en el exterior. La caja del Estado siempre pide más, escandalosamente, en medio de una agobiante incertidumbre sobre el futuro inmediato de la Nación.

Y, por si fuera poco, el Presidente simula escandalizarse por el hecho de que haya soja en los silobolsas, cuando en realidad debe saber muy bien que esa es la caja de seguridad a la cual el productor apela gradualmente para poder pagar los costos de su actividad en el año. ¿Acaso pretende que el productor liquide locamente su capital de trabajo, destruyéndolo en la colocación en pesos que se desvalorizan hora tras hora y quede fundido antes de la próxima cosecha? ¿No se ha enterado de cómo cerró ayer el peso en relación con el dólar?

Fuente: LA NACION

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