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Martes, 4 de Octubre de 2022

La pérdida esperada en las empresas públicas

Políticas ineficientes, sobrepoblación de empleados y de contratados y eventuales casos de corrupción explican el anormal resultado de tales “empresas”.

(25/04/2022) El Gobierno nacional exhibe una división entre sus principales funcionarios por las exigencias que surgen del acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI).

Si bien el compromiso no exige desembolsos hasta 2024, el cumplimiento de metas monetarias y fiscales, así como el fortalecimiento de las reservas del Banco Central, son objeto de un debate entre los encargados de acatar los requisitos del convenio.

Por ejemplo, son conocidas las divergencias entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los funcionarios responsables de la política energética sobre el verdadero impacto que provocará la actualización de las tarifas de luz y de gas natural.

Luego de un año de debate, las audiencias públicas fueron convocadas finalmente para entre los días 10 y 12 de mayo próximos.


La actualización que prevé el ministro es de 17 por ciento para los consumos residenciales de energía eléctrica y de 24,1 por ciento para los de gas natural.

Sin embargo, los funcionarios de esa área estiman subas superiores al 65 por ciento, mientras que cálculos privados duplican al menos esa cifra.

Guzmán, con el respaldo del presidente Alberto Fernández, decidió llevar adelante un “impuesto a la renta inesperada”, que gravará con una alícuota extra de 15 por ciento del Impuesto a las Ganancias a los sectores agropecuario, minero y petrolero, cuyos balances muestran una ganancia superior a los mil millones de pesos.

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Esa alícuota se sumará al pago del 35 por ciento de las ganancias de las sociedades mencionadas, según trascendidos de la iniciativa, que aún no ingresó al Congreso Nacional.

La desesperación del Estado por incrementar sus ingresos lo lleva a imaginar nuevos tributos para atender el funcionamiento administrativo, los pagos de la seguridad social y de subsidios económicos, además de los anuncios de bonos extraordinarios a los sectores vulnerables.

Esa curiosa metodología, de crear impuestos para atender cada nuevo proyecto oficial, en muchos casos de tintes electorales, desconoce otra de las alternativas a las que podría acudir el Gobierno para un uso más eficiente de los recursos.


Las empresas públicas han incrementado sus déficits operativos de una manera escandalosa desde diciembre de 2019, cuando asumió Alberto Fernández.

Ese mes el déficit de las compañías del Estado nacional alcanzó a 1.739 millones de dólares, mientras que en enero de 2022 -último registro conocido- el rojo trepó a 3.912 millones de dólares, de acuerdo con datos privados, ya que no existe información oficial sobre esos resultados.

Políticas ineficientes, sobrepoblación de empleados y de contratados y eventuales casos de corrupción explican el anormal resultado de tales “empresas”.


El déficit más que se duplicó en los dos primeros años de gestión de Alberto Fernández, lo que revela la inoperancia para corregir uno de los grandes generadores del rojo de las cuentas públicas.

Si se hubieran ahorrado casi 2.200 millones de dólares, podrían atenderse hoy las necesidades del nuevo bono anunciado por el Gobierno nacional, sin acudir a la emisión ni a otra exacción a la actividad privada, que desalienta la inversión y la creación de empleos

Fuente: La Voz del Interior

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