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Sábado, 21 de Mayo de 2022

El rol de las empresas públicas: la intervención del Estado en la economía

Por Cristian Navazo

Directivos y especialistas del derecho debatieron sobre el rol que deben cumplir y la necesidad de ordenar jurídicamente la administración de las compañías estatales.

(15/01/2022) El rol que ocupan las empresas públicas en la Argentina como instrumento del Estado para intervenir en la economía es parte de un debate político que lleva varias décadas. Durante la charla-presentación del libro Manual de empresas públicas en Argentina (1946-2020), coordinado por el docente y ex subsecretario de Hidrocarburos Juan José Carbajales, que se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA, especialistas del derecho y directivos de compañías expresaron diversas opiniones acerca de para qué se necesitan ese tipo de entidades y como se deberían administrar.

Según Carbajales, “el desafío es diseñar un marco jurídico para el andarivel del medio por el que avanzan las empresas públicas, andarivel que no es el del Estado per se ni el del mercado que busca lucro y maximizar la utilidad. Tenemos que fijarles las reglas de juego, decodificar los principios constitucionales para armar un régimen jurídico propio, claro, para que haya seguridad para los usuarios y consumidores y la población en general”.

Germán Fernández Lahore, vicepresidente de legales de YPF, dio su visión sobre la emblemática petrolera. “YPF cumplirá 100 años, fue configurada como empresa estatal, monopólica; luego privatizada en 1992 y pasó a ser una sociedad abierta al emitir acciones en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York; luego en 2012 fue sujeta a una expropiación parcial por el Estado del 51% de sus acciones”, recordó.

“Es llamativo, pero existen lagunas cuando es analizada jurídicamente”, aseguró, y resumió: “YPF es SA abierta, no sujeta a normas administrativas en la administración, gestión y control; su gobierno corporativo es de clase mundial, su management profesional, su sistema de control interno y externo es riguroso, es un sujeto comercial de la industria, su ecosistema es con socios, el Estado actúa como regulador y accionista”.

En ese sentido, Fernández Lahore destacó que el fallo Giustiniani de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obligó a la petrolera a mostrar las cláusulas secretas del acuerdo con Chevron en Vaca Muerta, “fue dictado en un contexto de politización, ideología y prejuicios, lo que tiñó el contenido de la sentencia. Hay una definición del fallo que es controvertida: que YPF opera bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional”.

“El régimen de acceso a la información pública cambió luego con el dictado de la ley DAIP, que exceptúa a las SA como YPF, con 51% estatal pero abiertas: y esto es así porque YPF ya tiene obligaciones incluso más exigentes que las de esa ley de acceso a la información, tiene obligación de reporting al mercado, de brindar toda la información a sus inversores”, advirtió Fernández Lahore.


Por otro lado, el directivo destacó que YPF está no sujeta al régimen del Compre Nacional, aunque suele acordar con las provincias compromisos de priorizar contrataciones de productos y servicios locales, “en tanto y en cuanto los costos y la calidad sean comparables; esto último porque la compañía tiene que generar valor para los accionistas, y eso se logra principalmente reduciendo los costos, por ejemplo en Vaca Muerta”.

“Lo relevante es que YPF tiene estándares de SA y de rentabilidad, de empresa comercial, de generación de valor, de estándares ambientales; eso es lo que fundamentalmente miran los inversores o socios estratégicos del exterior, como Petronas, la NOC de Malasia”, agregó.

El caso Invap
Invap es otro ejemplo exitoso de una empresa estatal exitosa. A efectos administrativos aplica la ley de las SA. Su directorio está compuesto por representantes de la provincia de Río Negro, de CNEA y del personal de la empresa. La Provincia decidió que sus directores fueran ex profesionales de la propia compañía, para privilegiar la visión institucional y su objeto con continuidad.

Vicente Campenni, gerente general de Invap, indicó que la compañía lleva “adelante proyectos nucleares estratégicos, más una diversificación en otras áreas tecnológicas. Ha decidido perseguir la autosustentabilidad vía exportaciones, no está en el presupuesto de la provincia, vive de contratos nacionales e internacionales, y reinvierte todas sus utilidades”.

Invap tiene contratos nacionales con siete ministerios y secretarías, más contratos internacionales en ocho países. Su facturación estimada es de 200 millones de dólares por año, con un 80% de valor agregado nacional, de los cuales más de la mitad es con empresas, Estado y pymes de base tecnológica.

“Invap se maneja de manera profesional, como YPF, pero con visión de políticas públicas, de continuidad, con el objetivo particular de su estatuto, de carácter comercial, pero también con el desafío de cómo aportar ese desarrollo al Estado nacional: un deber que tenemos como ‘sistema Estado’ o como ‘sistema país’ es poder entender que cada una de las empresas del Estado tiene objetivos primarios que cumplir pero debe verse como parte de un sistema más complejo, y así definir decisiones y estrategias, para actuar sinérgicamente con organismos públicos y otras empresas del Estado, a fin de alimentar y maximizar el desarrollo económico de nuestro país”, agregó el gerente de Invap.

Juan José Carbajales, coordinador del libro Manual de empresas públicas en Argentina (1946-2020).
Juan José Carbajales, coordinador del libro Manual de empresas públicas en Argentina (1946-2020).

> La visión de los juristas
Ismael Mata, doctrinario de derecho administrativo, destacó que “existe la necesidad de un reordenamiento del sector de las empresas públicas porque hay problemas de gestión, de incumplimiento del deber de garantizar las necesidades de la gente, y hay una enorme cantidad de recursos públicos que se aplican a esto”.

Indicó que la Constitución del 94 establece que las empresas públicas que prestan servicios públicos deben sujetarse a los mismos estándares y exigencias que las privadas, estar sujetas a un regulador independiente y técnicamente idóneo que dicte las normas técnicas, aplique sanciones, dé incentivos y cumpla una función de colaboración con el administrado.

“Las empresas públicas tienen el objetivo de garantizar derechos, y la mayor negación de derechos es la pobreza. El modelo debe contribuir a general mayor igualdad en Argentina, no la subsidiariedad. Luego vemos qué reglas le aplicamos a esas sociedades del Estado”, opinó Carlos Balbín, especialista en derecho administrativo

Fuente: La Mañana de Neuquén / Más Energía

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