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Lunes, 23 de Noviembre de 2020

Salta. Proponen reglamentar la transición entre gobiernos

Ramón Pereyra

En Diputados se agendó un proyecto de ley con pautas para el traspaso de las administraciones provincial y municipal.

(SALTA - 15/11/2020) El medio del aparente “respiro” que por estos días otorga la pandemia de COVID-19, los diputados salteños comienzan a enfocarse de lleno en nuevas reglas de juego institucionales.

Un grupo de diputados logró colocar en el acta de labor parlamentaria de la sesión del martes un proyecto de ley para reglamentar el período de transición para el traspaso de las administraciones provincial y municipal.

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La iniciativa propone establecer pautas y obligaciones para que los funcionarios y los titulares de los Ejecutivos provincial y municipales de la gestión que culmina brinde un detallado informe a quienes resulten electos para tomar posesión.

Son autores del proyecto los diputados oficialistas Javier Diez Villa, Laura Cartuccia, Noelia Rigo, Enrique Sansone y Socorro Villamayor.

En los fundamentos, ponen el acento sobre los municipios al sostener que “son numerosos los antecedentes que tenemos en la provincia respecto de administraciones comunales que no solo omiten brindar información acabada a los que asumen, sino que deliberadamente ocultan información o eliminan la misma”.

Los legisladores puntualizan que hace a una buena práctica democrática y republicana que se instituya legalmente un procedimiento que imponga a quien el pueblo le confió la administración pública, la obligación de efectuar la entrega de toda la información veraz y actualizada a los organismos de control y a la nueva administración.

Consideran que la autoridad de aplicación debe ser el organismo de control externo de la provincia, la Auditoría General, quien deberá ejercer un rol fundamental en esta instancia.

Para ello, será imprescindible su participación en la comisión que se constituya, oficiando de máxima autoridad de la misma, de la cual también deben participar representantes de la administración saliente y de la entrante.

En este sentido, se procura establecer que el equipo de transición se integre con un auditor designado por la AGP, tres representantes del gobierno saliente y tres representantes del gobierno entrante.

También hacen notar que este tipo de normativa tiene antecedente en otras provincias y que el mismo se tomó como base para la confección del proyecto, incorporando temas y adaptándola a la realidad jurídica institucional de esta provincia.

Los autores del proyecto están convencidos que este tipo de normativa contribuirá a la consolidación del sistema de gobierno democrático y republicano y por ende beneficiará “al soberano que es el pueblo”.

Sobre el objeto de la ley proponen establecer la necesidad de regular el proceso de transición en los cambios de administración del Ejecutivo provincial y de los ejecutivos municipales, en el que las autoridades en ejercicio tienen la obligación de suministrar a las autoridades electas la información pertinente sobre el estado de la administración.

En cuanto a principios, buscan determinar que los funcionarios del gobierno saliente y los representantes del gobierno electo cumplirán los pasos legales pertinentes de manera ordenada y eficaz, absteniéndose de generar acciones que obstaculicen el proceso de transición gubernamental o perturben la normalidad de la gestión de los actos de gobierno.

El proyecto define como transición al proceso de cambio de la administración del Gobierno provincial o municipal que se inicia a la cero hora del día siguiente de emitida el acta de proclamación de electos y finaliza con la jura de asunción de las entrantes.

Será en ese lapso en que las autoridades en ejercicio brindarán toda la información a las electas. Dicho período de transición tendrá un plazo máximo de duración de 60 días corridos.

Proyectos de ficha limpia

En el acta de labor parlamentaria de la sesión del próximo martes, la Cámara de Diputados también agendó tres proyectos de ley sobre ficha limpia, para reglamentar el derecho de sufragio pasivo con la finalidad de impedir que personas relacionadas con delitos de corrupción accedan a cargos públicos.

Uno de los proyectos es impulsado por los diputados Laura Cartuccia y Esteban Amat. Otro es impulsado por el diputado Enrique Sansone. El restante por los diputados Matías Monteagudo, Valeria Fernández y Héctor Chibán.

Los legisladores coinciden con el concepto de que es ineludible en estos tiempos establecer la necesidad de analizar de forma previa los antecedentes de quienes aspiran a un cargo electivo

Fuente: El Tribuno

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