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Martes, 24 de Noviembre de 2020

Mendoza. Proyecto para incluir buenas prácticas de gobierno en empresas públicas

Con el mismo objetivo que el proyecto Ficha Limpia, legisladores mendocinos a nivel nacional trabajan en una propuesta de ley para que empresas que tengan una alta participación estatal incluyan prácticas de buen gobierno. Para entender de qué se trata esta iniciativa, hablamos en FM Vos (94.5) con la diputada nacional Jimena Latorre.

(MENDOZA - 11/11/2020) «El Estado participa en 36 grupos empresarios, casos YPF, Aerolíneas o AySA, por ejemplo, con un gasto de más de 860 mil millones de pesos pero con un déficit de casi 32 mil millones, por lo que no son eficientes ni competitivas. Por eso creemos que es necesario llevar adelante prácticas de buen gobierno, sobre todo porque es dinero público que pagan los contribuyentes», indicó la sanrafaelina.
«Este régimen se aplica en otros países como Brasil, por ejemplo. Además de transparencia y competitividad, incluimos el término de alta gerencia y sacamos el nepotismo, y funcionarios no pueden tener familiares trabajando. También incluimos el concepto de Ficha Limpia y el de equidad de género en cupos de directorios porque son pocas las mujeres que participan en estas empresas», añadió Latorre.

El caso de AySA
y la Pulpera
«El caso de AySA es increíble porque se lleva el 46 por ciento de los fondos públicos de todas las empresas a las que hace aportes el Estado, más que Aerolíneas, cuando es una empresa que solo presta servicios en Buenos Aires. Necesitamos que la dirigencia sea calificada y garantice los servicios que merecen los contribuyentes. En San Rafael tenemos un caso parecido, que es la Pulpera, una sociedad anónima unipersonal que tiene como único socio al Municipio y que otorga pocos dividendos para el departamento; hay que garantizar transparencia y que la administración de fondos públicos rinda cuentas, planteando los objetivos a cumplir», contó la diputada.
Por otro lado, la legisladora nacional entiende que todo se maneja como un botín de guerra entre la clase política.
«Estas empresas terminan siendo el botín de guerra de la política, por ejemplo, el yacimiento de río Turbio, donde Aníbal Fernández es el interventor, siendo que es una empresa que no genera nada y ya recibió ampliación de presupuesto para 2021 en un contexto de crisis sanitaria y económica como la que estamos viviendo, es una deuda con la sociedad la eficiencia de empresas públicas», cerró la sanrafaelina

Fuente: Diario San Rafael

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