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Jueves, 22 de Octubre de 2020

Amplio rechazo a Nodio, el Observatorio de la Desinformación

Críticas. Sectores de la oposición, especialistas y organizaciones de medios advierten sobre los objetivos del flamante organismo oficial.

(Córdoba. - 13/10/2020) Nodio, la sigla bajo la que el Gobierno nacional lanzó el “Observatorio de la Desinformación”, está generando una fuerte resistencia, especialmente entre voces opositoras y organizaciones de medios.

La iniciativa presentada por la Defensoría del Público oficialmente dice que “trabajará en la detección y verificación de la información, en la identificación y desarticulación de estrategias argumentativas, la identificación de las operaciones de difusión y los sistemas de alertas”.

Para sus detractores, por el contrario, será un organismo ideado con el objetivo de controlar lo que publica la prensa.

Según Nodio, se busca “proteger a la ciudadanía” de informaciones falsas y operaciones, pero para los críticos, sólo pretende evitar que se hagan visibles las noticias que perjudiquen al Gobierno.

Una de las respuestas más contundentes la dio la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que expresó su preocupación por la creación Nodio.

Adepa recordó que ha señalado, respecto de proyectos similares que tuvieron lugar en la década pasada, que la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover.

La propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados con un sector político claramente determinado, es un indicio de ello, advirtieron.


“Una cosa son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital. Otra muy distinta sucede cuando este tipo de propuestas provienen de organismos públicos, que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de ‘observación’ como una suerte de censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aun más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión”, expresó Adepa.

La expresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y extitular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en el gobierno de Mauricio Macri, Silvana Giudici, afirmó que Nodio es “peligroso”.


“Es peligroso para la libertad de prensa y expresión que el Estado asuma el rol de verificador de las noticias”, dijo. Y definió al organismo como un “primer paso” hacia la creación de un “Ministerio de la Verdad”.

En Córdoba, el legislador radical Marcelo Cossar dijo que “en emergencia hubo que rogar al Gobierno nacional por transparencia y acceso a la información” y se preguntó si “¿ellos ahora van a monitorear a los demás?”. “Es absurdo y muy peligroso”, remató.


Gustavo Santos, quien fuera titular de Turismo de la Nación en el gobierno anterior, dijo que “Lo único que busca el observatorio Nodio es censurar las voces críticas y supervisar a los medios de comunicación”. “Este avasallamiento a la libertad de prensa es inadmisible en democracia y debe ser condenado por toda la sociedad”, finalizó.


El dirigente de la UCR Javier Bee Sellares expresó en las redes que “la creación del observatorio para detectar y desarticular fake news es un nuevo cepo a la libertad de expresión”.

“Dudosa constitucionalidad”

Delia Ferreira, la argentina que es presidenta de Transparencia Internacional, también fue muy crítica a la creación de Nodio por parte de la Defensoría del Público, que depende del Ejecutivo de la Nación.

Según Ferreira, “el Estado controlando o ‘verificando’ la información para ‘protegernos’” es “un camino muy peligroso”.

En las redes sociales, la especialista apuntó que “se empieza por las ‘argumentaciones maliciosas’ y se termina finalmente en la censura y el delito de opinión”. Para Ferreira, el Observatorio de la Desinformación es “una resolución de dudosa constitucionalidad”

Fuente: La Voz del Interior

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