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Domingo, 27 de Septiembre de 2020

Imputaron a los intendentes de Mendiolaza y de Saldán por administración fraudulenta

FRANCISCO PANERO

La Justicia federal incrimina a Daniel Salibi y a Cayetano Canto por presunta defraudación en contra de la administración pública. Es en el marco de la megacausa por asociación ilícita fiscal por una "usina" de facturas apócrifas.

(Córdoba. - 03/09/2020) Los fiscales federales de Córdoba Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian promovieron acción penal contra los intendentes de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano del Valle Canto, como coautores del delito de "defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública".

La resolución surge en el marco de la causa por la asociación ilícita fiscal que investigan tres fiscalías de la provincia junto con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

El expediente analiza el accionar de una asociación ilícita que generó una "usina" de facturas apócrifas destinadas a evadir los impuestos a las Ganancias e IVA. Hasta el momento, hay 29 personas detenidas y al menos cuatro prófugos, luego de más de un centenar de allanamientos en diversos puntos de la provincia de Córdoba, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y de otros distritos del país.

Como correlato de esta investigación, surgió que los municipios de Mendiolaza y de Saldán, exentos como comunas de los tributos mencionados, habrían sufrido el secuestro de facturas truchas que habrían sido destinadas a otros movimientos de dinero "en negro".


El martes, este diario anticipó que Mendiolaza y Saldán, sin mencionar a sus intendentes, eran investigados por la Justicia federal por posibles movimientos sospechosos de dinero que no tendrían justificación en la facturación.

Intendente de Mendiolaza. Daniel Salibi fue reelecto el año pasado. (La Voz/Archivo)

Intendente de Mendiolaza. Daniel Salibi fue reelecto el año pasado. (La Voz/Archivo)
A raíz de esta publicación, Salibi dialogó con este medio y se quejó porque su municipio no había sido allanado. En realidad, La Voz sólo mencionó un allanamiento en Mendiolaza, sin especificar el lugar. La intervención fue en un domicilio particular de un matrimonio de barrio Mendiolaza Golf. Este miércoles, Salibi juzgó, en declaraciones a otros medios, que la publicación era "irresponsable".

Por su lado, Canto también formuló declaraciones en medios locales y señaló que se habían realizado algunos secuestros de unas pocas facturas, pero que eso no implicaba responsabilidad para el municipio.

En la tarde de este miércoles, cuando se iniciaron las primeras indagatorias, se conoció el contenido de la requisitoria conjunta de los fiscales federales Nº 1 y Nº 3 de Córdoba, Senestrari y Hairabedian, que imputan a Salibi y a Canto por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicidio de la administración pública.

Estas defraudaciones se inscriben, en la imputación, en los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal, indicando en el último el inciso 5º, que especifica "fraude en perjuicio de la administración pública".

A su vez, el código aclara que si quien comete esta defraudación es "funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua".

En el caso de Canto, está imputado como coautor de los hechos 91º y 92º de este pedido fiscal, mientras que Salibi está por el 92º, siempre por el mismo supuesto delito.

En el hecho 91º, además de Canto, figuran como coautores Daniel Osvaldo Barón y Hebe Carolina Cristori, y quedan como partícipes necesarios Natalia Soledad Vieyra Ferreyra y Diego Alberto Vieyra Ferreyra.

Barón y Cristori figurarían en la plantilla de empleados de la Municipalidad de Saldán, mientras que a los hermanos Vieyra Ferreyra se los sindica como los presuntos jefes de la asociación ilícita.

En el hecho 92º, además de la coautoría de Salibi y de Canto, figuran como partícipes necesarios los Vieyra Ferreyra. La adjudicación de irregularidades en la Municipalidad de Mendiolaza por ahora se adjudica sólo a Salibi.

En la órbita federal
Las defraudaciones adjudicadas a Salibi y a Canto (y a los otros implicados) son habitualmente de competencia de la Justicia provincial, pero en este caso serán investigadas por el fuero federal.

La requisitoria razona para los hechos 91º y 92º: "Deberán tenerse en cuenta las reglas de competencia por conexidad subjetiva que autorizan proseguir en el fuero federal por sobre el ordinario (provincial)".

Luego, fundamenta que se realiza así "con el objeto de preservar la integridad y unidad de conocimiento de los hechos investigados vinculados entre sí".

Primeras pistas
Este medio anticipó el martes que resultaba llamativo el allanamiento de las oficinas de la Municipalidad de Jesús María, el lunes pasado.

Si bien ese municipio tiene una sucursal de Afip, fuentes directamente relacionadas con la investigación apuntaron a La Voz que el objetivo del procedimiento no era ese municipio, sino un organismo que otrora tuvo mucha influencia en la región: la Comunidad Regional Colón, un ente intercomunal que coordinaba iniciativas y fondos de municipios de ese departamento ubicado en el "sombrero norte" de la capital provincial.

Las fuentes con directo acceso al expediente indicaron el martes que se detectó un elevado número de facturas truchas que son motivo de investigación porque no podrían justificar semejante movimiento de dinero sin comprobantes genuinos.

Se señaló que la hipótesis más "benigna" es que algunos proveedores les facturen a esos municipios con comprobantes que no son legales. Pero esta idea tropieza con la cifra muy elevada, que ascendería a unos 10 millones de pesos, muy por encima de lo que estas comunas pueden manejar por estos conceptos "menores".

La otra hipótesis, siempre por especulaciones de investigadores de la Justicia federal, incluye dos supuestos: que se hayan usado estas facturas para justificar pagos en negro en la contabilidad, o que haya pasado dinero ilegal por el municipio y se utilicen esos comprobantes truchos para disimularlo.

La megacausa
La investigación a los dos municipios de Sierras Chicas es un capítulo particular de una megacausa promovida por datos proporcionados por la Afip.

Una larga investigación de meses, instruida por dos fiscalías federales de la ciudad de Córdoba y por otra de San Francisco (a cargo de Luis María Viautt), disparó esta semana un megaoperativo de casi un centenar de allanamientos en diversas localidades de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Chaco y San Juan, así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), entre otros puntos del país.

El primer resultado que se informó es que hay al menos 29 detenidos como integrantes de una asociación ilícita fiscal.

Los primeros datos, provisorios, arrojan que la evasión podría alcanzar los 430 millones de pesos con facturas truchas.

A partir de datos aportados por la Afip, la investigación de las fiscalías Nº 1 y 3 de Córdoba y la de San Francisco analizan el proceder delictivo de un numeroso y extendido grupo al margen de la ley, que desde 2017 emitía facturas apócrifas para evadir los impuestos al valor agregado (IVA) y Ganancias.

En Córdoba, la pesquisa nació en dos causas paralelas entre ambas fiscalías, que recientemente se unificaron y ahora comparten un requerimiento en común que se centralizó en el seno del Juzgado Federal Nº 1. Los fiscales Senestrari y Hairabedian trabajan juntos y es probable que las actuaciones continúen ahora a cargo del primero.

La causa motivó decenas de allanamientos en buen número en la ciudad de Córdoba, pero también en gran cantidad en el resto de la provincia, como Jesús María, Saldán, Malvinas Argentinas, Mendiolaza, Devoto, Arias, San Francisco, Villa María, Villa Nueva, General Cabrera, Panaholma, Hernando y Malagueño, entre otras localidades.

Además, hubo procedimientos en Caba y en el norte del conurbano bonaerense, en localidades como San Isidro, Olivos y Bella Vista (San Miguel).

Asimismo, se realizaron operativos conjuntos en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Formosa y en Chaco, por citar algunos otros puntos.

Hace más de un mes se venía preparando el operativo para lograr un accionar coordinado y simultáneo, con la administración de recursos humanos en plena pandemia y con las típicas dificultades de traslado. En la ejecución, se contó con la colaboración de Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los allanamientos obtuvieron numeroso caudal probatorio, en especial de computadoras donde está registrada la contabilidad de esas oficinas, en algunos casos de municipios. Hasta el martes por la tarde, las fiscalías de Córdoba concentraban 20 detenidos.

En San Francisco
Si bien las dos fiscalías cordobesas realizaron operativos en el departamento San Justo, la fiscalía de esa ciudad hizo los suyos independientemente , también en coordinación. En esta sede de la Justicia federal, se ordenaron nada menos que 46 allanamientos, con el saldo de nueve detenidos y de cuatro órdenes de detención a personas que hoy son consideradas prófugas.

"La emisión de facturas apócrifas da lugar a una asociación ilícita fiscal", sostienen los voceros de aquella ciudad del extremo este provincial, en plena coincidencia con lo que manifiestan los capitalinos. "Se trata todo de la misma causa, porque actúan en red y emitían facturas truchas con el fin de evadir IVA y Ganancias", completó un funcionario de esa jurisdicción.

En San Francisco, se allanaron nada menos que cinco estudios contables y, al igual que en otras oficinas, se secuestraron varias computadoras que serán analizadas. Como ahora la facturación es electrónica, lo que arrojen la "desintervención" de esas "máquinas" y la determinación de sus "IP" será clave para establecer de dónde salían las facturas truchas. Esto develará las responsabilidades en el concierto de los delitos penales tributarios.

Fuentes policiales de San Francisco aportaron que, entre otros, se hicieron 16 allanamientos en esa ciudad, cinco en Devoto, cinco en Morteros, cinco en Rosario (Santa Fe), cuatro en Caba, dos en Frontera y otros procedimientos en Rafaela, en Isla Verde, en Formosa y en San Juan.

Además de los cuatro prófugos, al caer la tarde del martes se informó que ya estaban alojados en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de Córdoba los nueve detenidos en San Francisco. Ellos son Mauricio Pizzi; su esposa, María Abtt; Diego Manzotti, y Domingo Benzo, gerente del grupo cooperativo Mutual Devoto, estos cuatro de esa localidad; los contadores Omar y Agustín Granelli, ambos hermanos y de Morteros, lo mismo que Pablo Barbieri, y los contadores Miguel Montali y Lucas Zoppetto, de San Francisco.

Se estima que los nueve serían trasladados a San Francisco este jueves para su indagatoria

Fuente: La Voz del Interior

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