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Jueves, 24 de Septiembre de 2020

La Legislatura autorizó a usar dos mil cámaras policiales para fotomultas

JUAN MANUEL GONZÁLEZ

Ante las críticas, el PJ aseguró que el manejo de los datos seguirá en manos del Ministerio de Seguridad. La oposición advierte sobre el uso de las imágenes y el fin recaudatorio de la iniciativa.

(Córdoba. - 11/06/2020) Las imágenes captadas por cámaras policiales, tanto fijas como aquellas montadas sobre móviles, podrán ser utilizadas por la Municipalidad de Córdoba –y por otros 102 municipios– para labrar multas, en un esquema de control y recaudación de 24 horas los siete días de la semana.

Se aprobó el uso de cámaras policiales para labrar fotomultas
Con la aprobación monolítica de Hacemos por Córdoba, la Legislatura sancionó ayer una modificación a la ley 9.380, que, en los hechos, cambia radicalmente el uso de las cámaras policiales: hasta ahora, y desde hace 13 años, los registros eran resguardados por la Policía y podían ser requeridos por el Ministerio Público Fiscal, con el aval de la Justicia, para la persecución de delitos. Ahora, podrán ser requeridos por municipios para multar a contraventores.

Una modificación sustancial reside en el artículo 5 de la ley, que dice: “Las imágenes y sonidos obtenidos en el marco de la presente ley sólo pueden ser requeridos por magistrados o fiscales abocados a la investigación o juzgamiento de causas contravencionales o penales, y por municipalidades y comunas bajo la condición que fije la reglamentación”.

La ley no especifica si intervendrá un juez de Faltas o si quedará en manos de funcionarios políticos.

El esquema de cámaras desplegado en la Provincia por la Policía es de 2.259 equipos instalados en puntos fijos, de las cuales 1.099 están en la ciudad de Córdoba. Además funcionan 1.040 montadas en 260 móviles, y seis equipos (uno de ellos móvil) de reconocimiento facial. Todo este arsenal será puesto a disposición de los municipios.

La discrecionalidad en el uso de las imágenes por parte de estos, al no establecerse claramente qué organismo podrá utilizarlas, quién tendrá acceso al sistema ni quién y cómo se custodiarán, fue el vértice de las críticas opositoras. “Las imágenes ya no estarán en manos de funcionarios judiciales, sino que ahora la imágenes personales estarán manipuladas por personas sin responsabilidad funcional”, dijo Verónica Garade Panetta.

“Lentamente, las cámaras se irán direccionando para buscar objetivos más rentables porque va a primar el espíritu recaudatorio”, agregó respecto de la posibilidad de labrar fotomultas.

“Tememos que esto pueda convertirse en un avasallamiento de las libertades individuales”, dijo Orlando Arduh, del bloque de Juntos por el Cambio. Daniela Gudiño, de la misma bancada, consideró que la reforma “tiene una finalidad recaudatoria que es escondida por los autores del proyecto”.

Desde el Frente de Izquierda, Soledad Díaz García apuntó: “En la Capital no hay luminarias, no hay desmalezamiento, no hay servicio de transporte, y que se venga a arengar esta iniciativa bajo el lema de una ciudad inteligente creando un Estado al que nadie controla... Deberían empezar por controlar el aparato represivo vinculado al narcotráfico, al robo de automóviles, a la prostitución”.

Pero, Juan Manuel Cid, vocero de Hacemos por Córdoba, remarcó que los dos artículos de la ley que garantizan el buen manejo de las cámaras no fueron modificados. Se trata de los artículos 9 y 10.

El primero establece que “los responsables de la operación de videocámaras deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad y confidencialidad de las imágenes, sonidos y datos por ellas obtenidos evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Cualquier persona que –en razón del ejercicio de sus funciones o de un modo accidental– tenga acceso a las imágenes, sonidos y datos que regula la ley, deberá observar absoluta reserva y confidencialidad”. El incumplimiento a los deberes y obligaciones por parte de los operadores de videocámaras, o de quienes tengan acceso a la información producida por estos, será considerado “falta grave”.

Para defender la discrecionalidad de la reglamentación en cada jurisdicción, Cid sostuvo que “es lógica, porque no todos los municipios tienen la misma estructura orgánica, hay distintos códigos, pero lo importante es que sigue siendo el Ministerio de Seguridad el que se encargará de la manipulación de las cámaras y de la grabación de las imágenes”.

En efecto, lo que se puso en tela de juicio desde la oposición fue el acceso que tendrán a estos registros los empleados o funcionarios municipales.

Fuente: La Voz del Interior

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