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Domingo, 29 de Marzo de 2020

El Gobierno provincial contestó dudas sobre la nueva ley minera

Afirmó que las modificaciones a la norma Nº7.722 garantizan el cuidado del agua y del medio ambiente con el refuerzo de los controles, la creación de la Policía Ambiental y la contratación de auditorías internacionales.

(MENDOZA - 22/02/2020) Ante la creciente polémica desatada en toda Mendoza por la sanción legislativa del viernes a las modificaciones de la ley Nº7.722, el Gobierno de la Provincia aclaró que estas serán reguladas por el Plan de Ordenamiento Territorial y que eso hará que haya un control ambiental efectivo y un estricto cuidado del agua.

En una nota de prensa titulada “Minería: el cuidado del agua y del medio ambiente es la prioridad”, detalló además que los controles serán reforzados con la creación de la Policía Ambiental especializada, que será desplegada por todo el territorio, y que habrá auditorías internacionales contratadas para controlar y verificar el impacto ambiental.

La comunicación emitida hoy por el Poder Ejecutivo local recordó que el artículo 3º de la nueva norma modificatoria cuestionada señala que “para todo proyecto minero que tenga como finalidad obtener concentrados o metales, aplicando cualquier método de explotación e industrialización, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) deberá contener los informes sectoriales municipales del lugar donde pretenda ejecutarse, del Departamento General de Irrigación, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), y de otros organismos que considere la autoridad de aplicación como necesarios”.

“Asimismo -reza el texto legal, según la aclaración oficial-, se deberá incluir una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al artículo 30 de la ley provincial 5.961 de preservación del medio ambiente”.

También aseveró el Gobierno que la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y la Policía Ambiental serán las responsables de controlar y seguir “todo emprendimiento que pueda provocar un impacto ambiental”, y que el Departamento General de Irrigación controlará el uso del agua.

Asimismo aseguró que la ciudadanía podrá ejercer un control ambiental desde la Red de Vigilancia Ambiental y que el Poder Ejecutivo reglamentará su integración y funcionamiento. Y que incluso prevé realizar audiencias públicas en los departamentos en donde estén localizados los proyectos mineros.

Fuente: MendoVoz

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