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Jueves, 28 de Mayo de 2020

Controles

Jueces y municipios buscan unificar criterios por la ley de tránsito

Por: Maxi Quinteros - maxi.quinteros@elsol.com.ar @rayosycenteyas

Con el endurecimiento de las multas, surgieron algunos problemas en los controles viales, como la retención de los vehículos. Las comunas reconocen que hay que pulir detalles de la norma.

(Mendoza. - 16/10/2019)
A menos de un mes de la aplicación de las nuevas sanciones para conductores en estado de ebriedad, los municipios tratan de ajustar los detalles al momento de realizar los controles viales. Mientras es unánime la opinión de que el impacto de las reformas fue altamente positivo, en la calle los inspectores municipales y jueces de tránsito se encontraron con algunos problemas, entre ellos, la retención del vehículo del infractor.

Estos problemas fueron expuestos en una reunión que convocó Luján de Cuyo el viernes pasado y al que asistieron los titulares de los juzgados viales -que pertenecen a los municipios- para compartir las experiencias y tratar de unificar los criterios en la implementación de la ley 9.024.

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"Sabemos que el ministerio de Seguridad y la Agencia de Seguridad Vial están puliendo la ley y no queríamos dejar de tener la opinión de los jueces viales para saber cuáles son los problemas comunes", explicó Lucas de Rosas, secretario legal y técnico de Luján.

En esta primera cita, se evaluó que la aplicación de la ley ha generado un impacto positivo. Ante el encarecimiento de las multas, "la gente se preocupa más", aseguró Javier Passera, director de Tránsito de Capital.

Sin embargo, también saltaron al menos dos problemas de índole operativo. Uno de ellos, tiene que ver con la retención del vehículo, lo que ha generado algunas situaciones que los municipios buscan acordar.

Quién retiene el auto

En este punto, la ley estima que si el conductor presenta entre 0,5 y 0,99 gramos de alcohol en sangre, además de la multa -de $36 mil a $72 mil- y la inhabilitación, el vehículo deberá quedar en la playa municipal por al menos 30 días y el caso es administrado por el juez vial.

Pero si se supera ese porcentaje -con una multa que oscila de $48 mil a más de $100 mil, inhabilitación y días de arresto, de acuerdo al caso-, la falta es atendida por un juez contravencional y el móvil deberá entonces ocupar un lugar en la playa de San Agustín. Sin embargo, esto no parece haber funcionado de esta manera debido a la falta de un criterio en general.

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"La implementación fue tan rápida que hay pormenores que han quedado sin resolverse. Hay que simplificar las cosas en aras del objetivo de la ley", explicó Lisandro Delgado, del área vial de Godoy Cruz. Por eso, las conversaciones han apuntado a resolver los conflictos de jurisdicción, además de que en varios municpios reconocen que cada juez tiene su propio criterio a la hora de actuar.



En este plano, algunas comunas plantearon que la retención del vehículo por 30 días puede ser "excesivo".

Así lo planteó Jorge Carrizo, de Guaymallén, que si bien ponderó el efecto de la ley también consideró que "se tienen que ver hasta qué punto no termina siendo más perjudicial en otros aspectos. Estoy de acuerdo con que sancionemos con toda dureza al infractor, pero inhabilitar el bien -por el vehículo- cuando tiene un uso familiar, por ejemplo, por ahí trae aparejado otros problemas".

Passera coincide con su par de Guaymallén. "No es el auto el que comete la pena, sino que corresponde al conductor".

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La cuestión no es menor, ya que a la multa y la retención de la licencia, se le suma el acarreo del automóvil y el costo de estadía en las playas municipales. En Guaymallén, por ejemplo, un día de secuestro le cuesta al infractor unos $250; en Capital asciende a $119 -más la grúa, $1.400-; en Luján, es de $108. Las sumas varían de acuerdo al tipo de vehículo -auto, moto, camioneta-. En Godoy Cruz, el día de playa es de $32 para autos, en tanto que el acarreo está en $650.

Pero además los municipios se están planteando si no corresponden medidas alternativas que descompriman las playas. En Capital, que tiene sus dos playas al tope de secuestros -principalmente, por falta de documentación-, aseguran que sería viable adoptar el bloqueo del auto con un cepo, algo que estipula la ley pero que todavía no se implementa.

La demora con los alcoholímetros

El otro problema es la homologación de estos dispositivos que se utilizan no sólo en los controles sino en los accidentes. La calibración de los alcoholímetros depende de un organismo nacional, el INTI. Según explicaron desde la Unidad Ejecutora de Seguridad Vial, los nuevos dispositivos hay que enviarlos a Buenos Aires, en tanto que los disposivos anteiores son enviados a ese laboratorio y también a Santa Fe. Pero a su vez el INTI recibe alcoholímetros de todo el país, por lo que el trámite suele demorarse.



Esta situación afecta principalmente a los municipios que han tenido que crear recientemente sus policías viales y dotarlas de los instrumentos de control. Otros con experiencia, como Capital, cuentan con diez dispositivos que les permiten no resentirse. La cuestión es que cada alcoholímetro tiene un periodo de vigencia. Cuando ésta se vence, el software bloquea el equipo y esto complica el desempeño de la policía vial.

En el caso de Guaymallén, cuentan con cuatro aparatos de los cuales uno fue enviado al INTI hace casi tres meses. "Cubrimos bien toda la parte de accidenteología y el otro está disponible para multas, pero hay momentos en que nos hemos llegado a quedar con uno", explicó Pizarro.

En Godoy Cruz, tienen tres y uno de ellos está en calibración. "Sería un avance muy grande que se pudiera descentralizar y se regionalice, lo que permitiría multiplicar los controles viales", recalcó Delgado.

Así, se están conversando con la Nación para que el INTI habilite otros laboratorios que permitan agilizar la homologación, según adelantó Hugo Fiorens, de la Unidad de Seguridad Vial.

Se reúne el Consejo de Seguridad Vial

Estos problemas operativos de la aplicación de la ley 9.024 serán abordados este viernes en Rivadavia, donde se reunirá el Consejo de Seguridad Vial que integran los municipios, el Ministerio de Seguridad, la Agencia de Seguridad Vial -que depende de Servicios Públicos-, la DGE y legisladores.

Tras la reunión en Luján de Cuyo, los jueces viales elaboraron un borrador para ajustar los detalles y unificar los criterios. Además, también Capital se comprometió a llevar algunas observaciones para mejorar la implementación y evitar que los infractores estén dando vueltas para saber en qué playa -municipal o provincial- tienen decomisado el vehículo

Fuente: El Sol

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