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Jueves, 22 de Agosto de 2019

La prestación de servicios por Internet requiere normativa

El debate no es nuevo, el tema es conflictivo, la solución enfrenta intereses diversos y contrapuestos. Puede peligrar la vida, la seguridad, el empleo, la libertad de contratación y el abaratamiento de costos. El escenario es local y mundial. La regulación no es suficiente, el control es imposible y las respuestas adecuadas lejos están de verse.

(Buenos Aires. - 08/08/2019) Me refiero a las plataformas digitales de prestación de servicios que ofician de intermediarios entre clientes y trabajadores. Revisten las formas de aplicaciones en los teléfonos celulares y han roto la lógica y la tradición en la contratación de múltiples servicios los que otrora estaban en cabeza de prestadores consolidados.

Puede leerse como operadores de vuelos, hoteles, alquiler temporal de casas particulares, transporte de mercaderías o personas. Recientemente, un fallo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ordenó suspender la actividad de todas las empresas repartidoras de mercancías y alimentos, como también el bloqueo de los sistemas de pago vía tarjetas de créditos, el control del personal a su cargo y la inspección del material que son objeto del transporte. En sus válidos argumentos se indica la inseguridad, el trabajo no registrado, el control de salubridad, la falta de seguros ante accidentes y el peligro de vida de los trabajadores de esa actividad.

Si bien esto es más que atendible, la extrapolación de una falta o incumplimiento en abstracto no puede ser atribuirle al resto o al conjunto de las empresas por ley transitiva.

A modo de ejemplo se podría decir que si en una fábrica existen trabajadores no registrados o los sistemas de higiene son deficientes o nulos, eso no implica que toda la actividad fabril deba prohibirse.

Los fallos generales y aplicables a un conjunto de personas por un hecho único han tenido su tratamiento y consideración por la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal ha interpretado que su aplicación para corresponder debe contener una serie de elementos enunciados y restrictivos. Situación que no se ve en el presente caso.

El derecho con sus enunciados es aplicado siempre sobre conductas individuales. La transpolación de una circunstancia acontecida a un individuo o hecho cometido por una empresa no puede ser aplicada a sus pares.

Todo ello más allá de la intencionalidad en corregir o sancionar las eventuales irregularidades que existieran en la prestación del servicio. Ellas deberían avocarse a una sentencia por un hecho individual y concreto. Sumamos también que existe la imposibilidad fáctica de prohibir estas actividades, basadas en servidores que no se encuentran en el país y pueden o no tener representación legal en el país.

La interpretación de normas pensadas y sancionadas en el siglo pasado es el mayor desafío en la tarea de proveer justicia. Concebir una manera fáctica y real de aplicar las leyes en un mundo en donde no hay más fronteras, no hay un poder centralizado y por sobre todo en donde las personas han adoptado una nueva forma de contratar, vincularse, proveer servicios, vender y comprar, constituye un verdadero desafío a la hora de reformular la aplicación de la Justicia.

Raúl Martínez Fazzalari es abogado, especialista en Derecho de las nuevas tecnologías.

Fuente: Clarín

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