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Lunes, 22 de Julio de 2019

La crisis ambiental en La Caldera pone los reclamos y obras privadas bajo sospecha

Rubén Arenas

A juicio de los amparistas, las omisiones en el cumplimiento de normas expresas y de recomendaciones científicas "consagraron el daño por comisión". Esto es, que habiendo sido advertidas las autoridades administrativas de las circunstancias "dispusieron omitir arbitraria e ilegítimamente el cumplimiento de las normas técnicas de calidad ambiental".

(La Caldera, Salta. - 04/02/2019) Los afectados por el sistemático deterioro de la cuenca sostienen que "el curso progresivo de los daños cometidos por la inconducta y pasividad de los demandados se refleja en un informe de la Agencia Meteorológica Nacional, de noviembre de 2018, sobre el fenómeno de El Niño, en el que se expresa: No se descarta la ocurrencia de eventos de precipitaciones localmente más intensas que lo normal sobre el centro y norte de Argentina durante el transcurso del los próximos meses".

Señalaron que la coincidencia en los pronósticos, sumada a la propia climatología y al posible desarrollo del fenómeno de El Niño, aumenta las chances en la frecuencia de estos eventos con sus respectivos impactos.

Reclamos

Los reclamos de los vecinos de La Caldera se iniciaron en 2016 a raíz de las inundaciones por las crecidas de los arroyos, pero sostienen que no obtuvieron respuestas de las autoridades municipales y provinciales. El 21 de diciembre de 2018 un alud afectó a numerosas familias de la urbanización de El Nogalar y El Durazno. Por ello, cinco días después unas 100 personas se congregaron en la intendencia de La Caldera para reclamar la inmediata implementación de obras de contención y prevención.

Aseguran que el intendente Daniel Escalera se comprometió a adoptar las medidas necesarias para evitar otra situación similar. No obstante la afirmación del jefe comunal, el 3 de enero la situación empeoró, ya que se repitió el alud, con las mismas consecuencias para las familias que compraron terrenos en esos loteos.

FALTA DE ACCIÓN Y OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES. A modo de conclusión los amparistas sostienen que es evidente la falta de acción y la omisión de la autoridad pública sobre autorizaciones ilegales o arbitrarias sin control o monitoreo ambiental alguno. Sostienen que no se realizan las obras que permitan un manejo adecuado y preventivo e integrador del recurso hídrico comprometido. Es decir, piden obras como puentes y defensas, plan de monitoreo y control de escurrimiento o escorrentías. Señalan además que las omisiones resultan ilegítimas, en tanto desconocen la normativa vigente de protección y prevención del ambiente.

En el amparo presentado ante la jueza de Minas los damnificados sostienen que a los hechos denunciados se suman otros que fueron "concausales al efecto dañino enunciado". Aluden a la masiva venta de terrenos sin que se hayan efectuado los estudios de impacto ambiental.

Frente a lo expuesto denunciaron que hubo "una extraordinaria explotación de desarrollos inmobiliarios (loteos) sin los debidos estudios", incluyendo la venta de terrenos "por parte de la propia Municipalidad de La Caldera en áreas de alta fragilidad o vulnerabilidad ambiental".

A la luz de los hechos, según los denunciantes, esto constituye una estafa no solo al Estado, sino a los propios vecinos que compraron de buena fe los terrenos en el cuadrante de los loteos El Durazno I, II, III, IV, V; en El Nogalar I, IV y en Potreros de La Caldera.

Los vecinos de La Caldera, además, cuestionan "la ausencia de intervención y monitoreo puntual y efectivo sobre la traza y construcción del Acueducto norte "Dique Campo Alegre', que une dicho embalse con la cisterna de Aguas del Norte denominada "El Huaico', ubicada en la avenida Bolivia en ciudad de Salta". Sostienen que no era aconsejable la instalación de ese ducto sobre las siguientes zonas:

a) Franja ribereña de alta fragilidad hidrológica cercana al único acceso a La Caldera.



b) Zona donde se encontraba un bosque ribereño nativo de alta biodiversidad, que fue desmontado parcialmente para la instalación de la traza del acueducto mencionado.

c) Zona de los arroyos Guaranguay - Los Duraznos, donde se realizó el desmonte de 600 metros por un ancho de 40 metros, provocando el desborde de dichos arroyos hacia zona de la avenida Costanera.

d) Zona de toma de agua no autorizada y única provisión de agua para el loteo El Durazno, donde la empresa Supercemento hizo una sobreexplotación del árido y no realizó ninguna defensa.

Oscuros negociados
Los vecinos denunciaron que la extracción descontrolada de áridos de las canteras del río La Caldera no solo atenta contra la cuenca, sino que detrás de ello se oculta un oscuro negociado.

Señalaron que el ingreso de camiones de gran porte genera huellas profundas por donde discurre el agua y esto le agrega un mayor condimento al desborde de los arroyos.

"Tenemos conocimiento de que el intendente Daniel Escalera es uno de los socios de la cooperativa que sobreexplota las canteras del río", dijeron. Una de las incógnitas que plantearon es que se desconoce cuáles son los montos que ingresan al municipio por la explotación de los áridos.

Fuente: El Tribuno

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