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Miércoles, 16 de Enero de 2019

Empresarios fueron a la Corte contra dos leyes del Gobierno

Por Mariano Zalazar - mzalazar@losandes.com.ar

La Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios presentó una acción de inconstitucionalidad contra las leyes de Avalúo e Impositiva de 2019.

(Mendoza. - 13/12/2018) Desde ATM recordaron que cuentan con el respaldo de los últimos dictámenes judiciales.

La Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios presentó ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza una acción de inconstitucionalidad contra las leyes de Avalúo e Impositiva de 2019. El reclamo legal se basa sobre algunos puntos que ya han sido foco de protesta en años anteriores, pero que hasta ahora no han tenido una respuesta favorable.

Uno de los ejes del reclamo apunta contra Ingresos Brutos. La queja de los empresarios radica sobre la alícuota que tributan, teniendo en cuenta la carga impositiva que tienen los contribuyentes de otras actividades estrechamente relacionadas.

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"Anteriormente los desarrolladores inmobiliarios estaban dentro de la categoría de 'Constructores' y pagaban un alícuota del 2%, pero luego se creó una nomenclatura especial a la que se le atribuyó una tasa del 4%. Consideramos que es una alícuota exagerada e injusta", comentó Pablo Chessi, representante legal de la Cámara.


Los otros puntos que reclaman los empresarios tienen que ver con el Impuesto Inmobiliario. Por un lado, cuestionan el momento en que se grava el tributo, ya que las empresas deben pagarlo desde antes de que las propiedades se vendan.


"Es un impuesto patrimonial que se está aplicando sobre un bien de cambio. Es como si las concesionarias pagaran el Impuesto Automotor por tener el vehículo exhibido en el salón de ventas. Debe gravarse al momento de convertirse en un bien patrimonial, no cuando está a la venta", protestó Chessi.

Por otra parte, los desarrolladores inmobiliarios se mantienen firmes contra el cobro del "adicional baldío", que contempla una carga impositiva contra aquellos terrenos urbanos no construidos. El mismo, según indica la Ley Impositiva 2019, implica una alícuota de hasta el 600% del impuesto inmobiliario correspondiente.

"Se está castigando a los desarrolladores inmobiliarios. Apenas se lotea un terreno pasa a considerarse urbano y empieza a correr el periodo de gracia de dos años. Una vez vencido ese plazo, comienza a pagarse el adicional y en poco tiempo el negocio se hace inviable", advirtió el representante legal de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios.

"Se está castigando a quien desarrolla un inmueble rural, lo mejora, lo construye, le hace cunetas, acceso a todos los servicios, parquiza y hace toda la urbanización. Es una locura", agregó.

La autodeclaración
El último punto incluido en la acción de inconstitucionalidad es el Régimen de Autodeclaración de inmuebles, una medida que fue duramente cuestionada por los desarrolladores desde que se dio a conocer.


"La Corte el año nos rechazó una cautelar que presentamos contra la autodeclaración porque decía que con el último consenso fiscal se crearía un organismo que fijaría los criterios de imposición de impuesto inmobiliario de forma uniforme para todo el país. En su momento no estaba creado, pero ahora sí existe", comentó Pablo Chessi.

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"Ese organismo debe determinar cuál es la base imponible para el Inmobiliario. Aun así, el Gobierno de Mendoza ha vuelto a establecer el régimen de autodeclaración, algo que evidentemente no se puede hacer. Está incumpliendo el consenso fiscal", afirmó el representante legal de la Cámara.

El respaldo legal
Desde Administración Tributaria Mendoza (ATM) advirtieron que "aún no ha llegado ninguna notificación respecto a la acción de inconstitucionalidad contra las leyes de Avalúo e Impositiva de 2019". Sin embargo, aclararon que "no variará el proceder a otras oportunidades, siempre con el aval de los últimos dictámenes judiciales a favor".

A lo que hicieron referencia desde el Gobierno, es al rechazo de las medidas cautelares presentadas por la misma Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios. Sirve de ejemplo la negativa de la Corte al planteo formulado por la Cámara y las empresas Chatman, Dalvian, Mendoza Norte, Palmares Valley, GR Desarrollos Inmobiliarios, Arrabales, Las Moradas y Alto Las Heras, contra el Régimen de Autodeclaración instituido por la Ley de Avalúos de 2018.

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En ese momento, la Justicia consideró que el régimen "impone la obligación de presentar una autodeclaración ante la Administración Tributaria Mendoza (ATM) respecto del valor de plaza de ciertos inmuebles allí especificados a los efectos tributarios correspondientes, con lo cual preliminarmente se observa que se ha respetado el principio de legalidad que rige en materia tributaria".

De todas formas, la Justicia aún no responde a las acciones de Inconstitucionalidad presentadas en 2017, 2018 y ahora 2019. En caso de que la respuesta sea favorable para los desarrolladores inmobiliarios, la Provincia tendrá que dar marcha atrás en los puntos cuestionados.

Fuente: Los Andes

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